En su último Mensaje a la Nación como Presidente de la República el pasado 28 de julio, Alan García aseguró que no dejaba ninguna “bomba de tiempo” al próximo gobierno. En el manejo económico puede ser, pero de ninguna manera en el ámbito institucional, pues su segundo Gobierno nos dejará retroceso y deterioro en materia de seguridad, defensa, sistema de justicia y lucha contra la corrupción.
Por cierto, no se trata de un desastre como el del final de su primer periodo (¡felizmente!), pero tampoco de un paraíso de Estado de Derecho. En el campo específico de la seguridad ciudadana, García nos deja un país más inseguro que el que recibió, no solo por la extendida percepción ciudadana de que la inseguridad se ha incrementado en los últimos años, sino por diversos indicadores cuantitativos y cualitativos.
1. La percepción ciudadana sigue por los suelos
La preocupación ciudadana por la inseguridad y el incremento del delito ha desplazado a la preocupación por el desempleo. En una encuesta aplicada en el mes de junio de este año, el 74% de los entrevistados de Lima y Callao contestó que el principal problema es “la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana”, frente a un 60% que reputó como tal “el desempleo y la falta de trabajo”. Llama también la atención que algunos de los otros problemas que señalaron los encuestados estén directamente vinculados a la inseguridad: el pandillaje y el consumo y microcomercialización de drogas, en especial en los sectores sociales de escasos recursos. Por ello, no debe despertar sorpresa que haya casi unanimidad en la percepción ciudadana sobre si Lima Metropolitana y el Callao son seguras o inseguras: el 96% de los encuestados consideró que eran poco seguras (58%) o nada seguras (38%).
La preocupación ciudadana por la inseguridad y el incremento del delito ha desplazado a la preocupación por el desempleo. En una encuesta aplicada en el mes de junio de este año, el 74% de los entrevistados de Lima y Callao contestó que el principal problema es “la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana”, frente a un 60% que reputó como tal “el desempleo y la falta de trabajo”. Llama también la atención que algunos de los otros problemas que señalaron los encuestados estén directamente vinculados a la inseguridad: el pandillaje y el consumo y microcomercialización de drogas, en especial en los sectores sociales de escasos recursos. Por ello, no debe despertar sorpresa que haya casi unanimidad en la percepción ciudadana sobre si Lima Metropolitana y el Callao son seguras o inseguras: el 96% de los encuestados consideró que eran poco seguras (58%) o nada seguras (38%).
2. Los robos o intentos de robo se han incrementado en el periodo 2005-2010
Entre el 2005 y el 2010, los robos o intentos de robo en las calles se han incrementado en casi 50%, según se desprende de la comparación de las encuestas de victimización aplicadas en el inicio y el final de ese periodo. (Como se sabe, la encuesta de victimización no mide las percepciones sino lo que realmente experimentó el encuestado o un familiar cercano.)
Entre el 2005 y el 2010, los robos o intentos de robo en las calles se han incrementado en casi 50%, según se desprende de la comparación de las encuestas de victimización aplicadas en el inicio y el final de ese periodo. (Como se sabe, la encuesta de victimización no mide las percepciones sino lo que realmente experimentó el encuestado o un familiar cercano.)
Mientras que en mayo del 2005 el 41,1% de los encuestados contestó que él o un familiar cercano había sido víctima de robo o intento de robo en la calle, en junio del 2010, el 57% respondió lo mismo. En otras palabras: en el 2005, 4 de cada 10 encuestados dijeron haber sido víctimas de un robo o intento de robo en las calles, en tanto que en el 2010 esa proporción se elevó a 6 de 10. Esto coincide al menos parcialmente con la información oficial proporcionada por la Policía Nacional: en el periodo 2007-2009, los robos denunciados se incrementaron de 96.035 a 108.062.
También la victimización por robos en las viviendas presenta un deterioro, aunque menor: en el 2005, el 18,9% de los encuestados dijo haber sido víctima de un robo en su casa, en tanto en el 2010 el 25% contestó lo mismo.
Pero esto no ha ocurrido solo en los lugares donde habita la población de la capital: lo mismo ha sucedido con sus vehículos. Los robos de automóviles se han incrementado en el periodo 2006-2009 de poco más de 6.000 a casi 9.000.
A su vez, los robos a entidades financieras —ya casi inexistentes en el país— se han incrementado en el periodo recién citado de 2 a 16; y aunque esa cifra es aún baja, preocupa el deterioro en un ámbito que parecía estar bajo control de la Policía Nacional.
Finalmente, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud se han incrementado en 20,15% del 2008 al 2009.
3. Desconfianza ciudadana y descontento policial
Es un dato de la realidad que la ciudadanía no confía ni en la Policía Nacional ni en el Serenazgo. El 79% de los encuestados en junio del presente año contestó que tenía “poca o ninguna” confianza en la PNP, mientras que solo un 21% respondió que le inspiraba “mucha o alguna” confianza. ¿Eso quiere decir que la ciudadanía cree ahora más en el Serenazgo? Tampoco: según la misma encuesta, al preguntárseles en quién confían más, tan solo el 17% se inclinó por el Serenazgo frente al 38% que lo hizo por la Policía. En otras palabras: pese al descrédito notorio de la PNP frente a la ciudadanía, el ciudadano la prefiere al Serenazgo. Preocupa, además, que el 30% de los encuestados haya respondido que no confía en ninguno.
Es un dato de la realidad que la ciudadanía no confía ni en la Policía Nacional ni en el Serenazgo. El 79% de los encuestados en junio del presente año contestó que tenía “poca o ninguna” confianza en la PNP, mientras que solo un 21% respondió que le inspiraba “mucha o alguna” confianza. ¿Eso quiere decir que la ciudadanía cree ahora más en el Serenazgo? Tampoco: según la misma encuesta, al preguntárseles en quién confían más, tan solo el 17% se inclinó por el Serenazgo frente al 38% que lo hizo por la Policía. En otras palabras: pese al descrédito notorio de la PNP frente a la ciudadanía, el ciudadano la prefiere al Serenazgo. Preocupa, además, que el 30% de los encuestados haya respondido que no confía en ninguno.
La otra cara de la moneda de este descontento —al parecer, bastante generalizado— es el extendido malestar en la “familia policial” por las condiciones no solo remunerativas y de trabajo sino también de bienestar social, sobre todo por el pésimo estado de la Sanidad Policial y los serios cuestionamientos al Fondo de Vivienda (FOVIPOL).
En el bloqueo de carretera en Chala, por ejemplo, la prensa dio a conocer las pésimas condiciones de alimentación, transporte y alojamiento de los policías que habían sido enviados a la zona. El asunto fue tan grave que después de 35 años se volvió a oír el fuerte rumor de una huelga policial que finalmente no se materializó, pero que colocó por primera vez a algunos suboficiales en actividad como sus caras públicas.
4. Surgimiento de nuevos fenómenos delictivos
La actuación a plena luz del día de sicarios para ejecutar ajustes de cuentas y asesinatos es un fenómeno delictivo nuevo en las principales ciudades del país. Como lo es también la expansión del fenómeno de los “marcas” (bandas que siguen a una víctima que sale de una entidad bancaria para arrebatarle la suma de dinero que ha retirado). A ello se han sumado las extorsiones a las orquestas de cumbia y para conseguir trabajo en Construcción Civil, fenómenos delictivos antes inexistentes.
La actuación a plena luz del día de sicarios para ejecutar ajustes de cuentas y asesinatos es un fenómeno delictivo nuevo en las principales ciudades del país. Como lo es también la expansión del fenómeno de los “marcas” (bandas que siguen a una víctima que sale de una entidad bancaria para arrebatarle la suma de dinero que ha retirado). A ello se han sumado las extorsiones a las orquestas de cumbia y para conseguir trabajo en Construcción Civil, fenómenos delictivos antes inexistentes.
Preocupa asimismo no solo la persistencia del crimen organizado en torno al narcotráfico y el predominio de los cárteles mexicanos, sino su sofisticación, que los ha llevado a filtrarse en algunos gobiernos regionales y municipales y en el sistema de justicia, como reveló este año el entonces jefe de procuradores del Ministerio de Justicia.
5. Peligrosa huida hacia la “mano dura”: La militarización del orden interno
Uno de los avances de la transición democrática durante los gobiernos de Paniagua y Toledo fue la clara distinción entre las labores de orden interno —confiadas a la Policía Nacional— y aquéllas asignadas a la defensa nacional —encargadas a las Fuerzas Armadas—. Sin embargo, el actual Gobierno ha echado mano crecientemente del Ejército para enfrentar no solo a las columnas de Sendero Luminoso que persisten en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), sino para hacer frente a conflictos sociales o indígenas, al punto que ha aprobado un marco legal ad hoc para el personal militar que participe en labores de orden interno (los decretos legislativos 1094, 1095 y 1096). Sin duda, ello constituye un serio retroceso no solo en esta división de roles, sino por los nefastos resultados que ha provocado hasta ahora la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de orden interno en otros países de América Latina.
Uno de los avances de la transición democrática durante los gobiernos de Paniagua y Toledo fue la clara distinción entre las labores de orden interno —confiadas a la Policía Nacional— y aquéllas asignadas a la defensa nacional —encargadas a las Fuerzas Armadas—. Sin embargo, el actual Gobierno ha echado mano crecientemente del Ejército para enfrentar no solo a las columnas de Sendero Luminoso que persisten en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), sino para hacer frente a conflictos sociales o indígenas, al punto que ha aprobado un marco legal ad hoc para el personal militar que participe en labores de orden interno (los decretos legislativos 1094, 1095 y 1096). Sin duda, ello constituye un serio retroceso no solo en esta división de roles, sino por los nefastos resultados que ha provocado hasta ahora la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de orden interno en otros países de América Latina.
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