http://www.larepublica.pe/04-12-2011/puro-papel
Un grupo de expertos consultados por esta revista coincidió en que los estudios de impacto ambiental tienen tantos sesgos, vacíos y omisiones que no son instrumentos confiables para dar luz verde a los proyectos de inversión en industrias extractivas. Por el contrario, al cabo de veinte años de aplicación en el Perú, los polémicos EIA parecen ser la madre del cordero de la incesante conflictividad social que remece al país. Sus razones para este cuestionamiento están condensadas en la siguiente nota.
Por Flor Huilca
Estudios obsoletos
Los estudios de impacto ambiental (EIA) se utilizan en el Perú desde 1992. Se trata del documento más importante que acompaña a todo proyecto de inversión, y en la práctica sirve como llave que va abriendo puertas –primero en la fase de exploración y luego en la de explotación– para que una industria extractiva empiece a operar. Su objetivo es medir el impacto que tendrá esta actividad en el medio ambiente y en el entorno social para mitigar sus efectos. Esa meta, sin embargo, ya no se cumple. Los EIA como instrumento han quedado desfasados. Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción, señala que una de sus principales deficiencias es que no tiene capacidad para medir el impacto acumulativo del proyecto en relación con otros similares, que también se realizan en la misma provincia o región. Veamos. En el caso del proyecto Conga, el EIA reconoce que se afectará cuatro lagunas y acuíferos circundantes pero, como advierte la Plataforma Interinstitucional de Celendín, si se mira ese dato en conjunto con la actividad minera que se desarrolla en Cajamarca, no serán cuatro sino veinte las lagunas que se perderán por los proyectos en operación. Es hora, señala Gómez, de reemplazar los EIA por los estudios de impacto estratégico (EIE), que son mucho más completos.
Consultores promineros
Los EIA son elaborados por consultoras contratadas por las propias empresas interesadas en que una inversión se ejecute. Mientras exista esta relación de dependencia subsistirá la interrogante: ¿los resultados que presentan son realmente técnicos o responden a las necesidades de la empresa que quiere que su proyecto se apruebe. “Si son las empresas quienes contratan, los EIA se desvirtúan y terminan siendo un estudio de parte; son ellas las que dicen cómo debe hacerse un proyecto, cómo se hace el estudio y los impactos que generará. Allí lo que hay es una privatización de los EIA”, dice Emma Gómez. César Gamboa, de la ONG ambientalista Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), considera que la experiencia de veinte años de implementación de los EIA evidencia que este tipo de relación perniciosa genera desconfianza y debe ser modificada. Una propuesta es que el Estado contrate a las consultoras que harán los EIA y les pague con un fondo que reciba el aporte de las mineras. También se propone fiscalizar a los consultores. Por ahora solo se les exige estar inscritos en el Ministerio de Energía y Minas, pero no se cuenta con un reglamento de infracciones y sanciones.
El Estado es juez y parte
El Estado peruano asume que su misión es promover y garantizar las inversiones, y en ese contexto su papel es el de aliado de los inversionistas. Gamboa explica que se limita a ser un ente regulador que deja en manos del privado la gestión ambiental y social del proyecto. Y por esta vía en la autoridad prima la rapidez por aprobar los EIA en vez de la rigurosidad para observar sus resultados. Mencionemos un ejemplo: el EIA del lote petrolero 113, en la reserva de Madre de Dios, aseguraba la existencia en esa zona del delfín rosado, una especie que no registra presencia en el sur de la amazonía. Esta “imprecisión”, según los expertos, puso en evidencia que se había plagiado el inventario de especies de otro EIA. A criterio de Gamboa, estos vicios demuestran que debe haber reformas no solo legales sino también institucionales en el manejo de los EIA. Otro aspecto que debe cambiar, señala Alejandro Rossi, consultor ambiental, es la enorme discrecionalidad que tiene la Dirección General de Asuntos Ambientales del Minem para valorar el estudio, lo que hace que su respuesta sea imprevisible. Pasó con el proyecto de Tía María. El EIA tenía observaciones y cuando correspondía que se le otorgue más plazo para resolverlas se decidió dar por terminado el estudio. “Eso fue después de 3 muertos y 35 heridos, pero no hubo una razón basada en el ordenamiento jurídico sino en las circunstancias especiales, y eso no ayuda a generar confianza”, cuenta.
No considera otras alternativas
Alejandro Rossi llama la atención sobre la superficialidad y el escaso rigor de los EIA que se realizan en el Perú. No existe una base común y única de información en el Estado a la cual los consultores deban remitirse. Cada quien recoge información de lo más diversa. Otro punto débil, que nos diferencia de otros países, son las alternativas de intervención que plantea el estudio. Las guías de EIA exigen a la consultora desarrollar varias opciones de explotación de un recurso, pero casi siempre las alternativas que esta presenta refuerzan la opción que la empresa desea. En el proyecto Conga, por ejemplo, el EIA propone como opción para la explotación de oro y cobre vaciar cuatro lagunas. “Podría haber planteado que sean dos, o que sean las cuatro, pero lo importante es que cada una de estas opciones tenga un nivel de desarrollo detallado, que incluya efectos y costos asociados, para que la empresa valore su rentabilidad, siempre sobre la base de un efecto neutro sobre ambiente”, explica Rossi. Otro ejemplo es el caso de Camisea. Se planteaba como opción viable que el ducto pase por debajo de la reserva natural de Megantoni para llegar a la costa, pero luego de las protestas se “vio” que podía bordear la reserva, lo que significó un mayor costo para el inversionista y la protección de la reserva.
Ordenamiento territorial
Los EIA no ayudan a bajar el grado de conflictividad que se vive en el país. Hay proyectos que tienen sus estudios aprobados, pero que también tienen la oposición de la población. Lo que se requiere, plantea Aldo Soto, coordinador del Programa Perú Rainforest Fundation UK, es ir hacia un ordenamiento territorial para definir qué tipo de actividad económica se puede desarrollar en un área determinada. “Eso se debe hacer en forma técnica y concertada con la población. Con base en instrumentos técnicos. Se tiene que definir si puede haber solo minería, solo agricultura o ambas actividades”, explica. Ese ordenamiento debe hacerse en conjunto con las autoridades locales, regionales y nacionales, y permitirá que las empresas interesadas en ejecutar un proyecto conozcan con antelación si es posible o no realizar esa actividad. El ordenamiento territorial, recuerda Soto, fue un ofrecimiento del presidente Ollanta Humala, sin embargo, todavía no se hace realidad. Lo que ha hecho el Estado, en su opinión, es enfrentar este problema con parches. Ha centralizado en la PCM la revisión de los EIA –debieron pasar al Ministerio del Ambiente– cuando lo que se necesita son reformas institucionales que devuelvan confianza a la autoridad, la cual ahora es vista más cercana a la empresa que a la población.
Un grupo de expertos consultados por esta revista coincidió en que los estudios de impacto ambiental tienen tantos sesgos, vacíos y omisiones que no son instrumentos confiables para dar luz verde a los proyectos de inversión en industrias extractivas. Por el contrario, al cabo de veinte años de aplicación en el Perú, los polémicos EIA parecen ser la madre del cordero de la incesante conflictividad social que remece al país. Sus razones para este cuestionamiento están condensadas en la siguiente nota.
Por Flor Huilca
Estudios obsoletos
Los estudios de impacto ambiental (EIA) se utilizan en el Perú desde 1992. Se trata del documento más importante que acompaña a todo proyecto de inversión, y en la práctica sirve como llave que va abriendo puertas –primero en la fase de exploración y luego en la de explotación– para que una industria extractiva empiece a operar. Su objetivo es medir el impacto que tendrá esta actividad en el medio ambiente y en el entorno social para mitigar sus efectos. Esa meta, sin embargo, ya no se cumple. Los EIA como instrumento han quedado desfasados. Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción, señala que una de sus principales deficiencias es que no tiene capacidad para medir el impacto acumulativo del proyecto en relación con otros similares, que también se realizan en la misma provincia o región. Veamos. En el caso del proyecto Conga, el EIA reconoce que se afectará cuatro lagunas y acuíferos circundantes pero, como advierte la Plataforma Interinstitucional de Celendín, si se mira ese dato en conjunto con la actividad minera que se desarrolla en Cajamarca, no serán cuatro sino veinte las lagunas que se perderán por los proyectos en operación. Es hora, señala Gómez, de reemplazar los EIA por los estudios de impacto estratégico (EIE), que son mucho más completos.
Consultores promineros
Los EIA son elaborados por consultoras contratadas por las propias empresas interesadas en que una inversión se ejecute. Mientras exista esta relación de dependencia subsistirá la interrogante: ¿los resultados que presentan son realmente técnicos o responden a las necesidades de la empresa que quiere que su proyecto se apruebe. “Si son las empresas quienes contratan, los EIA se desvirtúan y terminan siendo un estudio de parte; son ellas las que dicen cómo debe hacerse un proyecto, cómo se hace el estudio y los impactos que generará. Allí lo que hay es una privatización de los EIA”, dice Emma Gómez. César Gamboa, de la ONG ambientalista Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), considera que la experiencia de veinte años de implementación de los EIA evidencia que este tipo de relación perniciosa genera desconfianza y debe ser modificada. Una propuesta es que el Estado contrate a las consultoras que harán los EIA y les pague con un fondo que reciba el aporte de las mineras. También se propone fiscalizar a los consultores. Por ahora solo se les exige estar inscritos en el Ministerio de Energía y Minas, pero no se cuenta con un reglamento de infracciones y sanciones.
El Estado es juez y parte
El Estado peruano asume que su misión es promover y garantizar las inversiones, y en ese contexto su papel es el de aliado de los inversionistas. Gamboa explica que se limita a ser un ente regulador que deja en manos del privado la gestión ambiental y social del proyecto. Y por esta vía en la autoridad prima la rapidez por aprobar los EIA en vez de la rigurosidad para observar sus resultados. Mencionemos un ejemplo: el EIA del lote petrolero 113, en la reserva de Madre de Dios, aseguraba la existencia en esa zona del delfín rosado, una especie que no registra presencia en el sur de la amazonía. Esta “imprecisión”, según los expertos, puso en evidencia que se había plagiado el inventario de especies de otro EIA. A criterio de Gamboa, estos vicios demuestran que debe haber reformas no solo legales sino también institucionales en el manejo de los EIA. Otro aspecto que debe cambiar, señala Alejandro Rossi, consultor ambiental, es la enorme discrecionalidad que tiene la Dirección General de Asuntos Ambientales del Minem para valorar el estudio, lo que hace que su respuesta sea imprevisible. Pasó con el proyecto de Tía María. El EIA tenía observaciones y cuando correspondía que se le otorgue más plazo para resolverlas se decidió dar por terminado el estudio. “Eso fue después de 3 muertos y 35 heridos, pero no hubo una razón basada en el ordenamiento jurídico sino en las circunstancias especiales, y eso no ayuda a generar confianza”, cuenta.
No considera otras alternativas
Alejandro Rossi llama la atención sobre la superficialidad y el escaso rigor de los EIA que se realizan en el Perú. No existe una base común y única de información en el Estado a la cual los consultores deban remitirse. Cada quien recoge información de lo más diversa. Otro punto débil, que nos diferencia de otros países, son las alternativas de intervención que plantea el estudio. Las guías de EIA exigen a la consultora desarrollar varias opciones de explotación de un recurso, pero casi siempre las alternativas que esta presenta refuerzan la opción que la empresa desea. En el proyecto Conga, por ejemplo, el EIA propone como opción para la explotación de oro y cobre vaciar cuatro lagunas. “Podría haber planteado que sean dos, o que sean las cuatro, pero lo importante es que cada una de estas opciones tenga un nivel de desarrollo detallado, que incluya efectos y costos asociados, para que la empresa valore su rentabilidad, siempre sobre la base de un efecto neutro sobre ambiente”, explica Rossi. Otro ejemplo es el caso de Camisea. Se planteaba como opción viable que el ducto pase por debajo de la reserva natural de Megantoni para llegar a la costa, pero luego de las protestas se “vio” que podía bordear la reserva, lo que significó un mayor costo para el inversionista y la protección de la reserva.
Ordenamiento territorial
Los EIA no ayudan a bajar el grado de conflictividad que se vive en el país. Hay proyectos que tienen sus estudios aprobados, pero que también tienen la oposición de la población. Lo que se requiere, plantea Aldo Soto, coordinador del Programa Perú Rainforest Fundation UK, es ir hacia un ordenamiento territorial para definir qué tipo de actividad económica se puede desarrollar en un área determinada. “Eso se debe hacer en forma técnica y concertada con la población. Con base en instrumentos técnicos. Se tiene que definir si puede haber solo minería, solo agricultura o ambas actividades”, explica. Ese ordenamiento debe hacerse en conjunto con las autoridades locales, regionales y nacionales, y permitirá que las empresas interesadas en ejecutar un proyecto conozcan con antelación si es posible o no realizar esa actividad. El ordenamiento territorial, recuerda Soto, fue un ofrecimiento del presidente Ollanta Humala, sin embargo, todavía no se hace realidad. Lo que ha hecho el Estado, en su opinión, es enfrentar este problema con parches. Ha centralizado en la PCM la revisión de los EIA –debieron pasar al Ministerio del Ambiente– cuando lo que se necesita son reformas institucionales que devuelvan confianza a la autoridad, la cual ahora es vista más cercana a la empresa que a la población.
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