Beatriz Jimenez
- El presidente aspira a reducir la pobreza de un 49% en 2005 a un 30% en 2011
- En los últimos años, Perú se ha convertido en el exportador número 1 de cocaína
- El aumento de los conflictos ha sido proporcional a los nuevos proyectos mineros
Toma de posesión
Alan García logró una segunda oportunidad para reivindicarse ante la historia después de un primer gobierno (1985-1990) que sumió al país en una hiperinflación de cuatro cifras y en la violencia generalizada.
En la segunda vuelta electoral, fue visto por los peruanos como el "mal menor" ante el "salto al vacío" que encarnaba el nacionalista Ollanta Humala. Con esa etiqueta y con la promesa de traer crecimiento pero también equidad asumió de nuevo la presidencia el 28 de julio de 2006.
'El Perú Avanza'
Hoy Perú presume de un crecimiento económico superior al 7% y se ha posicionado como la puerta de entrada de las inversiones asiáticas en el continente. "El ego colosal" de García-citando un cable de wikileaks- y su retórica triunfalista se alimenta de datos macroeconómicos favorables, de la reducción de la pobreza monetaria y de 138 mil obras públicas publicitadas bajo el eslogan gubernamental 'El Perú Avanza', repetido hasta la saciedad durante 5 años.Aspira a abandonar la presidencia habiendo reducido la pobreza de un 49% en 2005 a un 30% en 2011. Pero si bien la pobreza urbana ha disminuido, la rural se ha consolidado. Un 60% de los peruanos rurales es pobre y regiones andinas como Huancavelica o Apurímac superan esta triste media, llegando a más del 70%.
Narcoterrorismo
Más de 50 militares y policías han muerto asesinados por los remanentes de Sendero Luminoso durante el 'Operativo Excelencia 777', que desde agosto de 2008 a mediados de 2009 intentó consolidar bases contrasubversivas en la zona liberada de Vízcatán, un recóndito paraje del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), el principal valle cocalero del país y del mundo. El gobierno reconoció el fracaso de este plan. Para Alan García "el VRAE en Vizcatán es Vietnam", según declaró en una reciente entrevista. "Salvo aceptar que mueran muchos soldados entrar en esa selva es muy difícil".
Aunque Perú no es el principal productor de cocaína, sí es el principal exportador debido a los bajos niveles de incautación policial. Mientras que en Colombia se incautaron casi 200 toneladas de cocaína de las 410 que produce el país, en Perú unas 15 de las 317.
Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), los cultivos de hoja coca en Perú se incrementaron un 6,8% en 2009. La coca se ha extendido de los tradiciones valles cocaleros, donde actúan los remanentes de Sendero Luminoso, a zonas nuevas o donde ya estaba erradicada. Hoy los cocales están en 13 regiones del país. De seguir a este ritmo, la ONU anticipa que Perú podría convertirse pronto en el principal productor de cocaína, desplazando por primera vez a Colombia.
Foto: La República
Para los expertos en narcotráfico, la estrategia peruana ha fracasado. Durante el gobierno de Alan García se creó un Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y se ha procesado por este delito al clan de los Sánchez Paredes, una familia norteña sospechosa de levantar un emporio minero gracias a dinero ilícito. Sin embargo, todavía no se hace efectiva la ley contra el tráfico de los insumos químicos necesarios para la fabricación de cocaína y tampoco se han consolidado planes de desarrollo e infraestructuras para los principales valles cocaleros.
La lenta reconstrucción
El 15 de agosto de 2007 un terremoto de 7,9 en la escala Richter en el sur del país mató a más de 500 personas y dejó a más de 300.000 sin hogar. La reacción del gobierno tras la catástrofe fue juzgada como tardía y los saqueos se replicaron durante los días posteriores al sismo. Tres años y medio después, Alan García declaró en 'El Comercio' estar con la conciencia tranquila al haber invertido más de 2 mil millones de soles (740 millones de dólares) en la reconstrucción de Pisco y haber terminado el sistema de alcantarillado, además de dotar de hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud a las ciudades afectadas.
Foto: Efe
Sin embargo, las organizaciones de damnificados denuncian que se han levantado menos del 10% de las casas destruidas por el terremoto. Sólo en Pisco, más de 4000 mil familias continúan viviendo en módulos de madera de 2x5 metros o en casas de mimbre y plásticos autoconstruidas en lo que antes eran los arenales de las afueras de la ciudad. Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso denunció que las autoridades nacionales, regionales y locales sólo han invertido un 40% de los fondos destinados a los damnificados. El resto está en paradero desconocido.
'Faenones' petroleros
"Faenón" es una palabra que pasará a la posteridad de su segundo gobierno. Con ella, Rómulo León, ex ministro del primer gobierno aprista, y Alberto Químper, entonces presidente de la empresa estatal Perupetro, se referían en unas escuchas telefónicas a los suculentos sobornos recibidos durante un proceso de adjudicación de lotes petrolíferos. Los bautizados como "Petroaudios", difundidos por la televisión, tumbaron a su primer gabinete en octubre de 2008 al salpicar al primer ministro, Jorge del Castillo. También hicieron trizas su popularidad presidencial, hoy de un 29% según las encuestas.
Foto: La República
Más de años dos años después, este caso continúa entrampado en el Poder Judicial al comprobarse la alteración de pruebas clave, entre ellas los USB que contenían las conversaciones telefónicas. Alan García ha reconocido públicamente que la corrupción ha hecho mucho daño a su gobierno. Tanto que un 85% de los entrevistados considera que gobernó con corrupción, según un reciente sondeo de Datum.
Derechos Humanos
Alberto Fujimori fue extraditado desde Chile, donde sorpresivamente aterrizó en 2005, y condenado el 7 de abril de 2009 a 25 años por crímenes contra los Derechos Humanos.
A pesar de esta condena ejemplar bajo su gobierno, la promulgación por decretazo presidencial de leyes como la 1097, que declaraban prescriptibles los crímenes de Lesa Humanidad y amenazaban con abrir las puertas de las cárceles a Fujimori y sus secuaces, empañaron su imagen. Sólo ante una intervención de Mario Vargas Llosa, que calificó el 1097 como "una amnistía apenas disfrazada", García dio marcha atrás.
Foto: Efe
Otros decretos promulgados en 2010 han puesto en alerta a los organismos defensores de los Derechos Humanos al reforzar las competencias del Fuero Militar Policial y autorizar al Ejército a intervenir en conflictos sociales para enfrentarse a "grupos hostiles". Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante los 5 años del gobierno de Alan García se ha retrocedido en derechos económicos, políticos y sociales.
Protestas sociales
"Es la hora de Perú frente al mundo", predijo García en su último discurso por Fiestas Patrias, instando a su sucesor a seguir por la senda de un desarrollo basado en la minería, los hidrocarburos y la agro exportación.
Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Este camino ha llevado al país al crecimiento, pero también a la inestabilidad social por las protestas de comunidades andinas y amazónicas contra proyectos extractivos. El crecimiento de los conflictos ha sido directamente proporcional al de las hectáreas concedidas para proyectos mineros: de 6 millones en 2006 a 21 en 2010, extensión que equivale a casi un 20% del país. Al mismo tiempo, más de un 70% de la Amazonía esta lotificada para la exploración petrolera.
Las cicatrices de Bagua
Durante su gobierno se ha pasado de 80 conflictos sociales al mes en 2006 a 234, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Según la misma institución, sólo en los últimos tres años 80 personas han muerto y 1200 han resultado heridas durante el estallido de protestas.
Bagua dejó el saldo más negro y obligó a García a nombrar un nuevo gabinete de ministros para capear la crisis de gobernabilidad. La promulgación por decreto de un marco legal que promovía la venta de grandes extensiones de Amazonía sin cumplir con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas fue el detonante de dos meses de protestas, durante los cuales los amazónicos bloquearon carreteras, ríos y estaciones petrolíferas.
El 5 de junio de 2009, el enfrentamiento entre un contingente policial armado y centenares de indígenas awajún que bloqueaban una carretera desataba una batalla campal que se extendió durante horas y que se saldó con 33 muertos (23 policías, 9 de ellos degollados, y 10 indígenas), un efectivo desaparecido y más de 200 civiles heridos de bala.
El líder indígena Alberto Pizango solicitó asilo político en Nicaragua y regresó en mayo de 2010 para enfrentar, junto con decenas de líderes indígenas, juicios por los hechos de Bagua. Recientemente, dos generales de la policía fueron condenados por el Fuero Militar y Policial a pagar reparaciones civiles simbólicas (de poco más de 3000 dólares) y a penas de prisión suspendida por el desastroso operativo de desalojo.
Tras esta crisis, en mayo de 2010 el Congreso aprobó una ley de consulta previa a los pueblos indígenas para cumplir con el Convenio 169 de la OIT y evitar nuevos conflictos sociales. Sin embargo, el gobierno observó la ley y hasta el día de hoy no se promulga.
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