Primero fueron las pruebas capilares y luego los dimes y diretes de los Wikileaks. La campaña electoral ha estado plagada en los últimos días de asuntos triviales. Se ha alejado del interés real de la gente. ¿Qué candidato presidencial se ha comprometido, por ejemplo, con ordenar el programa del Vaso de Leche, renegociar el Gas de Camisea o aprobar la Ley de Consulta Previa? Todos ven estos temas como papas calientes que no aportan ni una pizca de popularidad. Aquí un puñado de asuntos urgentes que deberíamos discutir.
Por Ghiovani Hinojosa
1 Aprobar la Ley del Trabajo. El Congreso ha pasado más de ocho años mirando de reojo la Ley General del Trabajo. Esto es escandaloso en un país en el que aproximadamente el 70 por ciento de trabajadores no está en planilla. El primer texto de esta norma apareció en el 2002 y fue sometido a la opinión de empresarios y trabajadores por cerca de cinco años. El Parlamento arribó a una versión consensuada en el 2007, y esta, desde entonces, está pendiente de discusión en el Pleno. En vez de sacar adelante una ley que consagra los derechos laborales de los peruanos, nuestros padres de la patria han optado por aprobar una ampliación de la Ley MYPE, que disemina las condiciones precarias de trabajo a un universo mayor de personas.
Según el abogado laboralista Edgardo Balbín, en los años 90, de 10 trabajadores peruanos 7 tenían un contrato permanente y 3, uno temporal; hoy, 3 tienen un contrato permanente y 7, uno temporal. ¿Se atreven a revertir esta involución, señores candidatos?
2 Incluir cáncer y diabetes en el Seguro Integral de Salud. Solo el 66 por ciento del total de enfermedades que sufren los pacientes peruanos es cubierto por el SIS. El seguro estatal, orientado a personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, excluye a aquellos que sufren cáncer (solo se da el diagnóstico), diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónico terminal, padecimientos cardiovasculares, entre otros. Las medicinas para el tratamiento de estos males tampoco son suministradas.
Mario Ríos, coordinador nacional de ForoSalud, explica que esto se debe, en buena parte, a la falta de presupuesto. “En el 2006, el SIS tenía 4 millones de beneficiarios y un presupuesto de 280 millones de soles. Hoy este programa tiene 12 millones de afiliados y recibe 570 millones de soles. Se ha triplicado el número de pacientes y el presupuesto solo se ha doblado”, detalla. ¿Alguien tiene voluntad política para engordar la porción del sector Salud en el pastel presupuestal?
3 Aprobar la Ley de Consulta Previa. ¿Acaso las vidas de los 23 policías muertos durante el ‘Baguazo’ no remecieron las conciencias de nuestros parlamentarios? ¿No se supone que la aprobación de una Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas era algo perentorio –casi un mero trámite– luego de este luctuoso hecho?
Después de que el Poder Ejecutivo observara algunos puntos de la ley, aprobada el 19 de mayo pasado, el Pleno debía discutir la posición institucional que adoptaría frente a estos cuestionamientos, algo que hasta hoy no ha hecho. La última vez que se incluyó este asunto en la agenda fue el 16 de diciembre. Hay dos tendencias al interior del Legislativo: la de allanarse frente a Palacio de Gobierno (Comisión de Constitución) y la de insistir en la versión original de la ley (Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos).
La Ley de Consulta Previa haría aplicable el hasta ahora estéril Convenio 169 de la OIT –vigente en el Perú desde 1995– y reduciría los conflictos sociales. Ya lo saben, candidatos: la gobernabilidad de sus eventuales gestiones está en juego.
4 Refundar el Vaso de Leche. Solo el 4 por ciento de las raciones del Vaso de Leche distribuidas en todo el país cumplió con los estándares nutricionales mínimos el año pasado, según un reciente informe de la Contraloría. Esto significa que los alimentos que recibieron niños de entre 0 y 6 años, madres gestantes y ancianos de los sectores más pobres, no llegaron a reunir las 207 kilocalorías necesarias para el desarrollo funcional del cuerpo.
¿Qué problema hubo en la compra de insumos? La misma Contraloría trae la respuesta: de las 1,834 municipalidades del país, 58 realizaron 71 exoneraciones a los procesos de selección para adquirir productos. Es decir, 12 millones de soles no pasaron los rigores de las normas de inversión pública. Además, los padrones de beneficiarios no están actualizados en muchas ciudades del Perú. ¿Alguno de los punteros en las encuestas nos explica cómo refundaría el Vaso de Leche?
5 Aplicar por fin la Carrera Pública Magisterial. El nuevo sistema de la carrera docente –que clasifica a los maestros de acuerdo a sus méritos y les asigna un sueldo diferenciado– está todavía en pañales en el país. Un sector amplio del profesorado, representado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se opone a todo intento de avance en la implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial.
Hace poco se suspendió una prueba nacional clasificatoria para el nombramiento de docentes porque un grupo de profesores obtuvo una copia del examen y la difundió entre los evaluados. Si bien aún se investiga la participación del Sutep en este boicot, pesa sobre este gremio una legítima sospecha por su proceder obstructor en ocasiones anteriores.
Para Luis Sime, doctor en Educación y catedrático de la PUCP, la meritocracia solo se impondrá en la educación peruana cuando “el presidente le proponga al Sutep, al Colegio de Profesores y a la Derrama Magisterial un pacto por la educación que recoja los planteamientos esenciales del Consejo Nacional de Educación”. ¿Escucharemos hablar a los aspirantes presidenciales sobre este espinoso tema?
6 Renegociar el Gas de Camisea. El grupo español Repsol ha celebrado contratos millonarios con México y Corea del Sur para exportar nuestro gas de Camisea. En el primer caso, se trata del 66 por ciento del total de sus exportaciones en los próximos 18 años. Y en el segundo, de un convenio con la empresa estatal Korea Gas Corporation.
En total, este gigante de los hidrocarburos ha negociado el 50 por ciento de las reservas probadas de los Lotes 88 y 56 de nuestro enclave gasífero. La reforma legislativa que permitió que este recurso natural satisfaga primero al mercado extranjero tuvo lugar durante el régimen de Alejandro Toledo. El gobierno aprista, ante las masivas protestas, aprobó en agosto pasado un decreto supremo que faculta a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 para que dicho gas sirva primero a la demanda nacional.
Luego de siete meses, no pasa nada. Si Toledo gana estas elecciones, ¿corregirá el error que cometió durante su gobierno y renegociará con el consorcio Camisea? Y los otros, ¿también lo harían?
7 Discutir una ley antitránsfuguismo. Buena parte de los candidatos al Congreso que postulan hoy a la reelección lo hacen con un partido diferente al que los llevó al poder. Allí está la lista de Solidaridad Nacional, con los ex upepistas José Vega e Isaac Mekler y el ex peruposibilista David Waisman, entre varios otros ‘otorongos’ camaleónicos.
Desde el fin del fujimorismo se discute cada cierto tiempo en el Congreso la posibilidad de sancionar a aquellos que renuncien a su bancada original. De hecho, según la politóloga Milagros Campos, 16 proyectos de ley de este tipo quedaron pendientes de debate en el anterior periodo legislativo. Todos orientados a tipificar esta conducta como un acto delictivo o convertirlo en causal de vacancia.
Con el transfuguismo pasa lo que con la mentada reforma de la Ley de Partidos Políticos: “otorongo no come otorongo”. ¿Algunos de los candidatos se compromete a jurársela a los tránsfugas?
8 Iniciar las reparaciones individuales. 104,188 víctimas de la violencia política en nuestro país no han recibido hasta hoy casi ningún tipo de reparación individual. Familiares de personas asesinadas, campesinos torturados, mujeres violadas, niños heridos en el alma, todos están certificados en el Registro Único de Víctimas elaborado por el Consejo de Reparaciones (CR).
Es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, adherida a la PCM, la que debe implementar los programas de reparaciones individuales. Hasta la fecha, el único beneficio individual que les ha dado esta entidad a los deudos del terrorismo es la posibilidad de afiliarse gratuitamente al SIS. Los planes de reparación en educación, vivienda, restitución de derechos ciudadanos y actos simbólicos ni siquiera existen. Y ninguna de las víctimas ha recibido un sol del Estado hasta la fecha.
Jairo Rivas, secretario técnico del CR, aclara que la CMAN tiene desde el 2009 información suficiente como para empezar a reparar. Señores aspirantes al sillón de Pizarro: ¿tendrán la voluntad política para echar a andar esta justa indemnización? Da vergüenza pedirlo.
Por Ghiovani Hinojosa
1 Aprobar la Ley del Trabajo. El Congreso ha pasado más de ocho años mirando de reojo la Ley General del Trabajo. Esto es escandaloso en un país en el que aproximadamente el 70 por ciento de trabajadores no está en planilla. El primer texto de esta norma apareció en el 2002 y fue sometido a la opinión de empresarios y trabajadores por cerca de cinco años. El Parlamento arribó a una versión consensuada en el 2007, y esta, desde entonces, está pendiente de discusión en el Pleno. En vez de sacar adelante una ley que consagra los derechos laborales de los peruanos, nuestros padres de la patria han optado por aprobar una ampliación de la Ley MYPE, que disemina las condiciones precarias de trabajo a un universo mayor de personas.
Según el abogado laboralista Edgardo Balbín, en los años 90, de 10 trabajadores peruanos 7 tenían un contrato permanente y 3, uno temporal; hoy, 3 tienen un contrato permanente y 7, uno temporal. ¿Se atreven a revertir esta involución, señores candidatos?
2 Incluir cáncer y diabetes en el Seguro Integral de Salud. Solo el 66 por ciento del total de enfermedades que sufren los pacientes peruanos es cubierto por el SIS. El seguro estatal, orientado a personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, excluye a aquellos que sufren cáncer (solo se da el diagnóstico), diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónico terminal, padecimientos cardiovasculares, entre otros. Las medicinas para el tratamiento de estos males tampoco son suministradas.
Mario Ríos, coordinador nacional de ForoSalud, explica que esto se debe, en buena parte, a la falta de presupuesto. “En el 2006, el SIS tenía 4 millones de beneficiarios y un presupuesto de 280 millones de soles. Hoy este programa tiene 12 millones de afiliados y recibe 570 millones de soles. Se ha triplicado el número de pacientes y el presupuesto solo se ha doblado”, detalla. ¿Alguien tiene voluntad política para engordar la porción del sector Salud en el pastel presupuestal?
3 Aprobar la Ley de Consulta Previa. ¿Acaso las vidas de los 23 policías muertos durante el ‘Baguazo’ no remecieron las conciencias de nuestros parlamentarios? ¿No se supone que la aprobación de una Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas era algo perentorio –casi un mero trámite– luego de este luctuoso hecho?
Después de que el Poder Ejecutivo observara algunos puntos de la ley, aprobada el 19 de mayo pasado, el Pleno debía discutir la posición institucional que adoptaría frente a estos cuestionamientos, algo que hasta hoy no ha hecho. La última vez que se incluyó este asunto en la agenda fue el 16 de diciembre. Hay dos tendencias al interior del Legislativo: la de allanarse frente a Palacio de Gobierno (Comisión de Constitución) y la de insistir en la versión original de la ley (Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos).
La Ley de Consulta Previa haría aplicable el hasta ahora estéril Convenio 169 de la OIT –vigente en el Perú desde 1995– y reduciría los conflictos sociales. Ya lo saben, candidatos: la gobernabilidad de sus eventuales gestiones está en juego.
4 Refundar el Vaso de Leche. Solo el 4 por ciento de las raciones del Vaso de Leche distribuidas en todo el país cumplió con los estándares nutricionales mínimos el año pasado, según un reciente informe de la Contraloría. Esto significa que los alimentos que recibieron niños de entre 0 y 6 años, madres gestantes y ancianos de los sectores más pobres, no llegaron a reunir las 207 kilocalorías necesarias para el desarrollo funcional del cuerpo.
¿Qué problema hubo en la compra de insumos? La misma Contraloría trae la respuesta: de las 1,834 municipalidades del país, 58 realizaron 71 exoneraciones a los procesos de selección para adquirir productos. Es decir, 12 millones de soles no pasaron los rigores de las normas de inversión pública. Además, los padrones de beneficiarios no están actualizados en muchas ciudades del Perú. ¿Alguno de los punteros en las encuestas nos explica cómo refundaría el Vaso de Leche?
5 Aplicar por fin la Carrera Pública Magisterial. El nuevo sistema de la carrera docente –que clasifica a los maestros de acuerdo a sus méritos y les asigna un sueldo diferenciado– está todavía en pañales en el país. Un sector amplio del profesorado, representado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se opone a todo intento de avance en la implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial.
Hace poco se suspendió una prueba nacional clasificatoria para el nombramiento de docentes porque un grupo de profesores obtuvo una copia del examen y la difundió entre los evaluados. Si bien aún se investiga la participación del Sutep en este boicot, pesa sobre este gremio una legítima sospecha por su proceder obstructor en ocasiones anteriores.
Para Luis Sime, doctor en Educación y catedrático de la PUCP, la meritocracia solo se impondrá en la educación peruana cuando “el presidente le proponga al Sutep, al Colegio de Profesores y a la Derrama Magisterial un pacto por la educación que recoja los planteamientos esenciales del Consejo Nacional de Educación”. ¿Escucharemos hablar a los aspirantes presidenciales sobre este espinoso tema?
6 Renegociar el Gas de Camisea. El grupo español Repsol ha celebrado contratos millonarios con México y Corea del Sur para exportar nuestro gas de Camisea. En el primer caso, se trata del 66 por ciento del total de sus exportaciones en los próximos 18 años. Y en el segundo, de un convenio con la empresa estatal Korea Gas Corporation.
En total, este gigante de los hidrocarburos ha negociado el 50 por ciento de las reservas probadas de los Lotes 88 y 56 de nuestro enclave gasífero. La reforma legislativa que permitió que este recurso natural satisfaga primero al mercado extranjero tuvo lugar durante el régimen de Alejandro Toledo. El gobierno aprista, ante las masivas protestas, aprobó en agosto pasado un decreto supremo que faculta a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 para que dicho gas sirva primero a la demanda nacional.
Luego de siete meses, no pasa nada. Si Toledo gana estas elecciones, ¿corregirá el error que cometió durante su gobierno y renegociará con el consorcio Camisea? Y los otros, ¿también lo harían?
7 Discutir una ley antitránsfuguismo. Buena parte de los candidatos al Congreso que postulan hoy a la reelección lo hacen con un partido diferente al que los llevó al poder. Allí está la lista de Solidaridad Nacional, con los ex upepistas José Vega e Isaac Mekler y el ex peruposibilista David Waisman, entre varios otros ‘otorongos’ camaleónicos.
Desde el fin del fujimorismo se discute cada cierto tiempo en el Congreso la posibilidad de sancionar a aquellos que renuncien a su bancada original. De hecho, según la politóloga Milagros Campos, 16 proyectos de ley de este tipo quedaron pendientes de debate en el anterior periodo legislativo. Todos orientados a tipificar esta conducta como un acto delictivo o convertirlo en causal de vacancia.
Con el transfuguismo pasa lo que con la mentada reforma de la Ley de Partidos Políticos: “otorongo no come otorongo”. ¿Algunos de los candidatos se compromete a jurársela a los tránsfugas?
8 Iniciar las reparaciones individuales. 104,188 víctimas de la violencia política en nuestro país no han recibido hasta hoy casi ningún tipo de reparación individual. Familiares de personas asesinadas, campesinos torturados, mujeres violadas, niños heridos en el alma, todos están certificados en el Registro Único de Víctimas elaborado por el Consejo de Reparaciones (CR).
Es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, adherida a la PCM, la que debe implementar los programas de reparaciones individuales. Hasta la fecha, el único beneficio individual que les ha dado esta entidad a los deudos del terrorismo es la posibilidad de afiliarse gratuitamente al SIS. Los planes de reparación en educación, vivienda, restitución de derechos ciudadanos y actos simbólicos ni siquiera existen. Y ninguna de las víctimas ha recibido un sol del Estado hasta la fecha.
Jairo Rivas, secretario técnico del CR, aclara que la CMAN tiene desde el 2009 información suficiente como para empezar a reparar. Señores aspirantes al sillón de Pizarro: ¿tendrán la voluntad política para echar a andar esta justa indemnización? Da vergüenza pedirlo.
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