domingo, 12 de febrero de 2012
miércoles, 8 de febrero de 2012
Perú: Conga seria fatal
SERVINDI: http://servindi.org/actualidad/58398
02 1st, 2012
Por Peter Koening *
El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ganador del Premio Nobel de la Paz 2007, indica que el Perú es el tercer país a nivel mundial, afectado por el cambio climático, siendo la Sierra la región más vulnerable.
El agua es el bien más precioso que tenemos en nuestra tierra. Para hablar de Conga hay que poner la situación del agua en el Perú en su contexto y en el contexto de la economía peruana.
La Costa –la vertiente Pacífico– es un desierto, hoy ya rozando el estrés de agua. El estrés de agua es la situación en la cual la disponibilidad o carencia del recurso hídrico puede afectar negativamente la economía de un país.
La reserva total de agua en el Perú es de 20,000 a 25,000 metros cúbicos (m3) por persona por año renovable, una de las más altas en América Latina. Pero oculta una distribución dispareja enorme entre las vertientes Atlántica y Pacífica. Mientras que 97% de esta agua desemboca por la Selva al Atlántico; solo 3% sale por la Costa. Esto significa solo unos 1,500 m3 por persona por año renovable, límite del estrés hídrico.
Sin embargo, en la Costa vive un 60% de la población del Perú y la Costa produce dos tercios del PIB agrícola del país, cultivos para alimentar a los ciudadanos y para la exportación. Aunque la Costa es un desierto, es un desierto muy fértil si está regado. La Costa es la principal canasta de pan del Perú, pero ésta depende del agua.
No es una cuestión de agua u oro.
Conga, el proyecto de mina de oro, sería fatal para el ecosistema y fatal para el recurso hídrico que emane de este ecosistema y del país.
Conga es una cabecera de cuenca y un ecosistema fantástico que se formó durante millones de años y tiene un equilibrio hídrico perfecto, que consiste en unas 80 lagunas prístinas, incluidas las lagunas en disputa, Perol, Mala, Azul y Chica que estarían directamente afectadas por el proyecto Conga y un área de más de 100 ha de humedales y bofedales que reciben una precipitación anual promedio de unos 1,100 mm. Esta agua se infiltra por padrones geológicos, también creados durante millones de años, a acuíferos cientos de kilómetros abajo, alimentando ríos, riachuelos, manantiales y pozos. Las aguas de las cabeceras de las cuencas de Conga, Cerro Quilish y otros cercanos alimentan dos tercios de la población de la Región de Cajamarca con agua potable y riegan miles de hectáreas de agricultura, alimentando la población y produciendo cultivos para la exportación. Antes había todavía la cuenca de Yanacocha. Pero ya no existe. El proyecto de oro de Yanacocha lo ha destrozado.
De la misma manera se puede destrozar el ecosistema de Conga con su equilibrio hídrico de un día a otro con una intervención humana, como lo sería la implantación de una mina de oro. No hay solución técnica aceptable, ni el sistema de socavón, porque un ecosistema, o la naturaleza en general, incluido el ser humano, no se manejan con ciencia lineal –lo que la economía neoliberal trata de imponernos– sino se trata de vidas integrales que tienen su propia e imprevisible dinámicas. De todos modos, las consecuencias de una intervención humana sería desastrosa e irreversible.
El mejor ejemplo son los 20 años de operaciones de Yanacocha. En 1990 Yanacocha era una laguna prístina, igual como son las cuatro lagunas perjudicadas de Conga y destinadas a desaparecer. Hoy Yanacocha es un desierto y la laguna está seca. El verdor a su rededor se convirtió en un paisaje muerto en menos de 20 años. Las aguas utilizadas de esta laguna se han envenenado -y continúan envenenando a los campesinos, la fauna y flora- además del resto de la naturaleza que fue tan bella.
Es incomprensible de ver Yanacocha hoy y querer hacer lo mismo con Conga.
¿Es lo que el ciudadano peruano quiere? Creo que no. Pero es lo que unos pocos políticos e interesados quieren, y pretenden que no hay destrucción y que las aguas en estas lagunas no sirven para nada. Estas malversaciones y mentiras son destinadas para lavar los cerebros de la población.
No importa lo que diga el peritaje, el Gobierno ya dijo Conga va, sí o sí. El peritaje dirá lo que le digan que diga. El Primer Ministro habla de tres empresas internacionales que se ha elegido para esta evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) hecho por Yanacocha. El peritaje ni siquiera es un EIA independiente, sino solo una evaluación de este tal llamado EIA hecho por el primer interesado, Newmont.
¿Porque el Primer Ministro no divulga los nombres de las tres empresas? ¿Por qué no se dice cuál institución (bancaria internacional) las propuso? ¿Por qué los términos de referencia para este peritaje no se hacen públicos? ¿Y por qué no hay una consulta pública a través una comisión parlamentaria sobre los términos de referencia y la elección de la consultoría internacional como debería ser el caso en una democracia? El secretismo hace sospechar que los dados ya cayeron a favor de la mina.
Lo que es cierto es que ni en el EIA de Yanacocha, ni en el famoso informe del Minam que se perdió, hay una evaluación económica del agua, y probablemente no esté previsto ni en el peritaje. El agua que es tan escasa en la Costa, y arriesga de devenirlo aun más por el cambio climático, tiene que tener un valor económico muchísimo más alto que el oro. Porque agua es vida.
Yanacocha usa cuatro veces más agua que la ciudad de Cajamarca con sus 250,000 habitantes. Cajamarca tenía agua en abundancia en 1990. Hoy sufre de escasez hídrica, y recibe agua por promedio 2 horas al día, agua altamente contaminada, excediendo por factores de diez y más las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por acidez originada por metales pesados, como cianuro y mercurio. Estos análisis son disponibles. Las enfermedades y abortos prematuros, existen en abundancia y son testimonio de una conducción y manejo minero totalmente irresponsable. La expectativa de vida del minero trabajando en Yanacocha es de menos de 40 años. Es la misma corporación que explotaría Conga, la compañía norteamericana Newmont. El consumo promedio del cajamarquino es de 50 litros por persona por día, comparado con 150 litros en Lima.
¿Quieren los peruanos otra experiencia como Yanacocha?
Hay ‘expertos’ vinculados a Yanacocha que dicen que el agua de las lagunas no infiltra en los acuíferos porque hay capas de arcilla en las tierras debajo de las lagunas. No hay ninguna prueba científica sobre esta afirmación. Aunque fuese así, arcilla hay en todas las partes de la geología de las alturas. El agua encuentra siempre su camino para llegar a las napas freáticas –prueba es que existen.
Otros afiliados a Yanacocha dicen que la laguna Perol ya está contaminada y no sirve para uso humano. Esto no es cierto. Perol es una laguna prístina en el sentido que nunca ha sido tocada. Se dice cualquier barbaridad y sin fundamento para influenciar la opinión publica.
Aunque la laguna contenga minerales que hacen que el agua, directamente de la laguna, no sea apta para consumo humano y uso agrícola -lo que habría que comprobar- esta agua no está contaminada. Estas lagunas son prístinas, no tocadas, y los minerales son naturales que se acumulan en el agua, como es el caso de muchas lagunas naturales, sobre todo lagunas en las alturas y en aéreas minerales. No es contaminación. Una contaminación consistiría de organismos ajenos viniendo de fuera a ensuciar el agua.
Esta agua en sí no está destinada, ni pensada para el consumo o uso directo, sino para que se infiltre en un proceso natural por la tierra alimentando los acuíferos de abajo, purificándose en su trayecto, apareciendo purificada en riachuelos, manantiales, en pozos, para consumo humano y para riego. Una vez contaminada y envenenada arriba en la cabecera de cuenca, los usuarios de abajo ya no tienen agua limpia.
Por esta misma razón la Ley de Aguas, antes de su modificación nefasta entre sus dos votaciones, prohibió la implantación de cualquier complejo industrial o minero en las cabeceras de cuencas. Para la segunda votación se invalidó esta cláusula.
El exministro del Ambiente, Sr. Brack, dijo recién que hay cientos de minas en el Perú y que 98% de la minería del Perú está implantada en cabeceras de cuencas, que la economía del Perú depende de la minería.
Está bien. La mayoría de países en América Latina tienen en sus leyes o reglamentos de agua una interdicción de implantar industrias o minería en cabeceras de cuenca, por la simple razón de proteger la ecología, hidrología y por las consecuencias de contaminación abajo. Se debería hacer una nueva ley o retomar el texto original del proyecto de Ley de Aguas, y que este se aplique para el futuro. A la minería existente se debería aplicar estrictas leyes ambientales para reducir la contaminación lo más posible con sanciones duras para los infractores.
La minería en los Andes proviene del virreinato español. Hace 500 años descubrieron que la riqueza está en los altos andinos. Hasta hoy día se está explotando este recurso no renovable bajo condiciones socioambientales lamentables, prácticamente esclavizando los campesinos trabajadores, sin ningún cambio en medio milenio.
La minería explota un recurso natural no renovable. Este recurso se agota dentro de un cierto tiempo y deja un terreno desértico y vacío. El oro de Conga se estima ser agotado en 17 a 19 años. ¿Y después qué? ¿La población de campesinos convertido en mineros que hará de sus vidas? Sus tierras estarán destrozadas y contaminadas, lo que quede de agua estará altamente envenenada, ni apta para el riego.
Hoy, el producto de la minería está exportado como materia prima, mientras que se pudiera aplicar maneras de explotación más limpias y –al mismo tiempo– añadir un valor agregado en un proceso de manufacturación dentro del Perú, lo que sería a la vez una protección del medio ambiente y una diversificación industrial que crea empleo y redistribución de los ingresos. Así, se pudiera poco a poco reducir la pobreza aún aberrante, llegando a un 80% en la Región de Cajamarca. Recordamos que la reducción de pobreza es uno de los objetivos principales del actual gobierno.
Esto se puede hacer en asociación con empresas internacionales que traen la tecnología, siempre que el Estado peruano se queda con la mayoría de las acciones.
La versión oficial para favorecer el proyecto Conga es que se necesitan los ingresos para financiar los importantes y tan necesitados programas sociales previstos en la Hoja de Ruta, o el Plan de Gobierno. Este argumento no vale por varias razones.
La mina Conga sería operacional en el mejor de los casos solo en dos o tres años. Los ingresos entrarían a la tesorería del Perú solo varios años después. En todo caso después del Gobierno actual. Hay otras alternativas mucho más rápidas y más limpias –sin ningún daño al medio ambiente– y protegiendo el recurso hídrico tan necesitado en la Costa del Perú.
La agricultura y ganadería, especialmente en Cajamarca aún tiene un gran potencial para explotar. El sector agropecuario tiene un potencial de redistribución de ingresos muchísima más fuerte que la minería. Pero se necesita agua, agua que aún hay. La Costa peruana tiene actualmente alrededor de 1`200,000 ha de terreno preparado para la irrigación, pero cultiva por año solo unas 700,000 ha a 800,000 ha de los caudales de los ríos que bajan de los Andes. Conservando el agua y dando el riego una aplicación más racional y tecnificada, se pudiera aumentar la producción agrícola en la Costa por 50%, lo que sería una economía más limpia con productos renovables y con un real potencial de reducir la pobreza.
Según El Comercio hay una evasión tributaria de 72%. En otras palabras, hoy la recaudación tributaria es solo 15% del PIB (Chile 25%; Unión Europea cerca de 35%). Con una reforma tributaria y aplicando los códigos tributarios por ley y sanciones, el Gobierno actual pudiera aumentar la recaudación de uno a dos puntos por año, así llegando a una tasa de 22% ó 23% en 5 años, lo que pudiera resultar en un promedio anual de US$ 4 a 6 mil millones de ingresos adicionales, más de lo que contribuirían a la tesorería del país Conga, Yanacocha y toda la minería de oro junta.
Se sabe que la mayoría de contratos mineros, incluido y sobre todo Yanacocha, fueron negociados de manera ilegal por el régimen de Fujimori-Montesinos, lo que según leyes internacionales da plena legitimidad a renegociarlos. Hay estudios de abogados internacionales en los EE UU que están especializados en litigaciones contractuales y que están actualmente trabajando en países como Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela. ¿Por qué no en el Perú?
¿Por qué no hacer lo que Chile hace con el cobre, declararlo el pan de Chile? Hasta hoy día, y a pesar de Pinochet, las minas más grandes, Codelco y Anaconda, están en manos del Estado. ¿Porque no declarar el oro el pan del Perú?
De todas maneras hay varias alternativas limpias y muy viables al proyecto Conga para recaudar los fondos necesarios para realizar los programas sociales tan necesitados. Conga no se debe hacer.
El agua es vida. La vida vale más que el oro.
—* Peter Koenig es economista y especialista en recursos hídricos. Trabajó en el Banco Mundial durante 30 años, alrededor del mundo, una gran parte en el Perú y en otros países de América Latina en el ámbito de recursos hídricos y medio ambiente.
lunes, 6 de febrero de 2012
¿En que momento se concesionó el Perú?
http://www.revistaideele.com/content/%C2%BFen-qu%C3%A9-momento-se-concesion%C3%B3-el-per%C3%BA
Javier Iguiñiz
El párrafo anterior es una alegoría de Conversación en La Catedral, la genial novela de Mario Vargas Llosa, pero que representa un mismo estado de ánimo en personajes disímiles, ante un país alejado y ajeno.
Dicen que la mayor virtud puede ser a la vez un terrible defecto. El Perú es un país concesivo; bien por nosotros y sus beneficiarios. No es para menos. La variedad de climas y tierra —biodiversidad, que le llaman—, sumada a la riqueza de mares y subsuelo, convierten a nuestro territorio en un polo de atracción; y, claro, ser egoísta no es la voz. Menos aun cuando el cambio climático jaquea inmisericorde el futuro.
De país concesivo a país concesionado hay más que un juego de palabras. El famoso mapa que desnudaba las cuadrículas en que también está dividido nuestro territorio despertó la indignación en diferentes partes del país. Un número puede valer más que mil imágenes: actualmente casi 60% del territorio está concesionado, y 20% del territorio son concesiones mineras. ¿En qué momento se concesionó el Perú?
El boom de las inversiones entró de a pocos y aprovechando el pánico. Hace 20 años se percibió como algo muy bueno, sin importar las formas. Solo interesaba la inyección líquida y neta. El país no estaba para exquisiteces ambientales.
Acabábamos de salir de la recesión e hiperinflación que nos dejó el gobierno del primer Alan García. El país en bancarrota e inelegible andaba, por ese entonces, divorciado con el destino, pues no era buena plaza ni económica ni turística ni de toros, vaya.
¡Inversiones a mí! fue el grito que enarboló el gobierno de Fujimori acompañado de una serie de reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington. Ahora hasta los más críticos del sistema reconocen que en esos tiempos no había otra alternativa. Recibir o morir era el dilema.
Y el Perú recibió. A partir de 1994 las concesiones se empezaron a otorgar con prisa y sin pausa. Por esos tiempos empezó a trabajar una vieja conocida nuestra: la minera Yanacocha. Su relación con los cajamarquinos data de entonces. Reconstruir 18 años de asperezas y encono es pedir bastante.
Luego de cuatro años el Perú ya se había recuperado económicamente y era un ejemplo para la región, de la manera cómo se debían hacer las reformas económicas. Al menos las de la primera ola, que tenía que ver con estabilidad macroeconómica y liberalización de la economía. Dicen que estas reformas fueron las únicas que hizo con cierta eficacia el gobierno de Fujimori, pues las que tenían que ver con democracia, participación y transparencia, cero balas.
Lo curioso es que antes de la ley minera en la que se promovían las inversiones, el gobierno de Fujimori, presionado por los organismos internacionales, impulsó al poco tiempo de haber ejercido su mandato el primer código ambiental. A los pocos meses este reglamento fue desvestido casi en su integridad a favor de la ley minera. Pero el país ya tenía de qué alardear en los foros de la tierra que en ese tiempo empezaban.
Tambogrande
El gobierno de Fujimori declaró de necesidad pública la inversión minera. La empresa Manhattan Minerals Corp. compró 10 mil hectáreas en Tambogrande.
Las protestas congregaron a cerca de 10 mil tambograndinos. El 2 de junio del 2002 una consulta ciudadana señaló que el 94% de la gente rechazaba el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa presentó estudios ambientales incompletos, en inglés, y con 21 tópicos faltantes.
Se le hizo llegar al presidente Alejandro Toledo un memorial con cientos de firmas para que dicho estudio no sea aprobado, y finalmente, en noviembre del 2003, después de que la población se negó a participar en las audiencias públicas, CentrominPerú señaló que la empresa Manhattan no había cumplido con obligaciones establecidas en el contrato.
Cosa más fácil de la vida
Actualmente, obtener la concesión de una parte del territorio peruano es la cosa más sencilla del mundo. Te acercas a Ingemmet, te enseñan un mapa, eliges la cuadrícula que más te apetezca, el funcionario lo contrasta con un ralo catastro no minero (que no choque con ninguna ruina o algún Parque Nacional, nada más), pagas un precio módico, y listo: ya tienes tu flamante pedazo de tierra para poder explorarla.
La indignación de nuestro prestado Zavalita se explica por la manera acelerada y sin tapujos en que se ha llevado adelante el proceso de concesiones. La mayoría de los pobladores de los lugares afectados no tenían ni la menor idea de que la mayor parte del suelo que habitaban estaba siendo concesionada.
Hay regiones, como Apurímac o Cajamarca, que han pasado de tener 25% ó 30% de su superficie a mediados de 1990 a 90% ó 95% de su superficie en petitorios mineros. Si comparamos con las cifras del 2010, hay un incremento significativo en varias regiones. En Puno, 53,8%; en Tacna, el 41%; en zonas como Madre de Dios, llama la atención el 33% a pesar del decreto de urgencia por el que supuestamente se ordenaba el otorgamiento de concesiones.
Según la geóloga Silvia Passuni, de Cooperacción, comparar la escala de concesiones sirve para tener una proyección de los conflictos a futuro: “Si tú mirabas el otorgamiento de concesiones a nivel regional hace cinco años, Cajamarca lo lideraba, y ahora es ahí donde se focalizan los conflictos. Ahora lo lidera Arequipa, lo que podría indicar lo que puede suceder dentro de algunos años”.
A la poca transparencia (ya que esta información no es de domino público) hay que agregarle una lamentable desinformación, pues la palabra “concesión” muchas veces se malinterpreta. En realidad, poseer la concesión de un territorio significa solo tener un petitorio para poder examinar las potencialidades del subsuelo. En la teoría, de ahí a comenzar una exploración y después la explotación de los recursos, hay mucho trecho.
Sin embargo, la palabrita y todo el proceso se prestan para malas interpretaciones, y no de manera gratuita. ¿Quién le explica al poblador que una concesión solamente es un petitorio? Es que quien tiene que ver con eso —o sea, el Estado— está ausente, y la empresa tiene vía libre después de haber pagado el peaje de la petición.
“El otorgamiento de concesiones es un procedimiento administrativo que se basa mucho en especulaciones. No necesariamente implica que se va a desarrollar actividad minera y genera suspicacias. Antes de que se inicie la exploración ya empieza generar transformación en el territorio, porque en la práctica sí compite con el derecho de propiedad, pues se le da todo un derecho a un titular que puede usarlo bien para especular bien para presionar al campesino para que le venda sus tierras”, advierte Silvia Passuni.
Ante la inminencia de la concesión, los pobladores pueden rebelarse o empezar a negociar con la empresa, pero estas negociaciones se dan en condiciones desiguales, ya que una parte cuenta con toda la información y la otra ha sido expresamente desinformada. Cuando caen en la cuenta, ya es demasiado tarde, pues los trámites han seguido, impertérritos, su curso.
Procesos privatizados
Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Nos quedamos en que el proceso de concesiones se inicia cuando una empresa va a Ingemmet y hace su petitorio. Luego de esta etapa viene la de exploración, y si todo está tranqui continúa la explotación y, posteriormente, el cierre.
Cada una de estas etapas tiene algunos requisitos. Antes de iniciar una exploración la empresa debe presentar una declaración de impacto ambiental (DIA). Esto sucede cuando el yacimiento es pequeño. Cuando es extenso, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.
Una vez que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado ese estudio y la empresa ha realizado la exploración, se debe presentar un estudio de factibilidad. Ésta es una parte crucial en este proceso. Casi-casi es el punto de inflexión para el Estado. Dicho estudio implica cuán viable y rentable es el proyecto.
A medio camino entre la exploración y la explotación se deben hacer tres talleres participativos y una asamblea. Luego de ello viene el tan discutido Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estilo delivery que se ha impuesto ha desatado cuestionamientos y conflictos.
“La calidad de los primeros EIA era lamentable. Eso de pegar y copiar partes era cosa común para una empresa consultora. Por ejemplo, yo he leído un EIA aprobado referido al viejo lote 77 en Madre de Dios que habla del río Napo: es evidente que lo habían traspuesto”, relata el especialista Manuel Glave, de GRADE.
Es difícil saber cuánto han abusado las empresas en sus EIA. Pero el hecho de tener la potestad de mandar a hacer la investigación a tu consultora favorita se presta para muy malas interpretaciones. El problema real, más allá de los estudios fuleros, es la privatización del proceso de otorgamiento de concesiones. El Estado espera de brazos cruzados que la empresa se encargue de todo, y ésta lo hace a lo Frank Sinatra: a su manera (y medida). Los EIA son encargados y pagados por la propia empresa interesada en la explotación del yacimiento. Lo mismo ocurre con los talleres consultivos, las asambleas y la licencia social. No es que en algún momento el Estado haya abdicado de sus funciones, sino que desde el inicio se eximió de esa responsabilidad.
Algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial.
A cocachos aprendí
Como en la década de los 90 existía una compulsión por acaparar inversiones, no se hizo ningún cambio en la legislación hasta el decenio siguiente. Pero ninguno de los agregados posteriores se hicieron motu proprio, sino más bien a raíz de conflictos sociales que costaron vidas y cuantiosas pérdidas económicas. Un error repetido a la enésima.
“El Estado hace cambios a regañadientes. Sucesos como el de Tambogrande traen consigo modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un lugar común que los conflictos terminan transformando instituciones del Estado. Es que el Estado persigue no ponerle traba a la inversión, y, por lo tanto, si modifica el sistema para que sea más estricto y transparente, para el empresariado es una traba”, sostiene Glave.
Los conflictos de Tambogrande y Tambopata le demostraron al Estado que un simple petitorio no puede ser patente de corso para iniciar el proceso de exploración; por eso luego de aquellos sucesos se implementaron las herramientas de talleres participativos y asambleas. De igual manera, el revés en Cerro Quilish demostró que los procesos de exploración debían contar con una licencia social. Ahora, en la minería post-Conga, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo esquema de “minería responsable”, aunque aún no se sabe bien cómo se come eso.
Si el Estado hubiese tomado en serio el proceso de la segunda ola de reformas y no hubiera hecho los cambios solo para llenar una plantilla de requerimientos internacionales, se habrían podido evitar estos conflictos.
Pozos tomados
Las aguas del río Cachiyacu, fuente de vida de los Shipibos-Konibo durante siglos, son ahora el origen de sus males. Según los líderes de la comunidad Canaán de Cachiyacu, la empresa Maple Gas Corp., afiliada al británico Maple Group, ha contaminado sus suelos y aguas, con lo que generado importantes daños ambientales, problemas de salud en la población (dolores estomacales y de cabeza, problemas de piel, neumonía, diarrea, tumores, etcétera) y un aumento de fallecimientos anormales. Los trabajadores de la petrolera serían también responsables de abusos sexuales perpetrados contra mujeres nativas.
La veracidad de las denuncias fue comprobada, en junio del 2005, por representantes de la ONG Earth Rights: "A pocos metros del pozo MA31, una ruptura de la línea de flujo provoca un pequeño pero permanente derrame de crudo […] se puede observar reflejos arco-iris y espuma de color beige".
El 8 de julio del 2005, frente a la inacción y a la indiferencia, tanto de parte la empresa como del Estado, los nativos alzaron su voz de protesta. Tomando de sorpresa a los obreros, quienes se encontraban almorzando, aproximadamente 80 shipibos ingresaron a las instalaciones de Maple en la base Maquía y cerraron las válvulas de 9 pozos ubicados en del lote 31-B (que cuenta un campamento minero, una estación de separación del crudo, un terminal petrolero fluvial y 26 pozos, de los cuales 9 se encuentran dentro del territorio Shipibo, y son conectados a la base de Maquía por tubos y caminos).
El Perú avanza de Ollanta
El panorama actual del proceso de concesiones no ha cambiado mucho desde que se empezó a implementar, hace casi 20 años. En todo este tiempo, si bien hubo cuestionamientos crecientes, no habían existido promesas de cambio que generaran expectativas. Y sí que el candidato Ollanta Humala las generó. A veces con un discurso irresponsable que en ningún momento llegó a plasmar en ninguno de sus planes de gobierno.
Contra lo que muchos creen ahora, Humala no asumió el programa ambientalista, y esto lo saben bien los mismos activistas ecológicos. Su propuesta de gobierno se basó sobre todo en las reivindicaciones de la izquierda clásica: que las grandes empresas mineras aporten más rentas al Estado. El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de sus banderas de primera vuelta. Quizá ya en esos momentos pensaba que mediante este impuesto podían financiar programas sociales. O quizá en esos tiempos ni pensaba que podía llegar al gobierno. Quién sabe.
Si bien Ollanta Humala no prometió grandes reformas en los estudios ambientales, ni habló de manera profusa de reformar el Ministerio del Ambiente (aunque en una encuesta realizada por esta revista afirmó que el Ministerio del Ambiente debía reforzarse), sí puso énfasis en que el país abandone el modelo primario-exportador y que dejemos de depender de la minería. “Lo justo, pe’ varón”, fue su programa; jamás el “Mina No”. Sin embargo, en sus incursiones a provincias, donde se veía obligado a tocar problemas concretos, hizo alianza con los grupos ambientalistas y las comunidades que tenían conflictos con las mineras.
Por ello se recuerda tanto cuando agitaba el dilema “agua u oro” en Cajamarca. Ahora los mismos pobladores con quienes al unísono agitaron que el agua vale más que el oro, lo ven en cadena por televisión peruana y no entienden nada: solemne, fruncido y enternado, lo escuchan decir que el agua y el oro son compatibles. Y claro que Conga va (iba) de todas mangas.
¿Moratoria now?
Las ganas de pisar el freno a las concesiones, si alguna vez las tuvo, se le quitaron seguramente después de ver el cuadro de crecimiento. Es sostenido desde hace 10 años y en los últimos 4 se ha desbordado. El click concesiones-inversiones-más ingresos para el Estado puede ser automático, pero también una ilusión óptica, pues, como hemos visto, una vez asignada la concesión pueden pasar muchos años para que se traduzca en dinero.
Por el contrario, está probado que una mayor asignación de concesiones acelera y multiplica los conflictos sociales. Es decir, en una nueva concesión minera el conflicto llega más rápido que el dinero contante y sonante de la inversión.
Pero tampoco un mayor número de concesiones debería traducirse, sí o sí, en fuentes de conflicto. Es el sistema de otorgamiento y fiscalización de los proyectos mineros el que hace que eso sea así.
Por eso algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial. Eso significa suspender todo tipo de petitorio hasta que exista un ordenamiento territorial, oleado y sacramentado. “Debe evaluarse la posibilidad de hacer moratoria de concesiones hasta que se tenga un ordenamiento del territorio. El catastro no minero debería ser revisado por las regiones e incorporar otros criterios”, plantea Silvi Passuni.
El principal argumento contra la moratoria es la eventual pérdida económica para el país. Pero ése es un error, ya que si se comienzan a explotar todas las concesiones que actualmente se tienen bastarían y sobrarían los recursos por lo menos de aquí a 15 años. Por el contrario, con la moratoria se eliminaría una inagotable fuente de conflictos, se daría un mensaje político de que existe voluntad para hacer las cosas de manera distinta, lo cual daría un respiro para evaluar mejor el sistema.
Sin embargo, la moratoria no tendría ningún sentido si no va acompañada de otras reformas que se convierten en inevitables si se quiere evitar futuros conflictos. Una de ellas es que el mismo petitorio debería contar con una licencia social que haga viable el proyecto.
Aun así, estas medidas deben pasar por otorgarle mayor poder de decisión a las regiones. Una alternativa que por el momento está muy lejos del discurso presidencial, cada vez más centralista y confrontacional. Para Glave es muy importante que los gobiernos regionales metan su cuchara en este asunto, para que se reconozca desde el Ejecutivo la legitimidad de esa cuchara. No vaya a pasar lo que ocurrió con una empresa de harina de pescado en Arequipa, que empezó a hacer su fábrica en unos humedales. Cuando el Gobierno Regional les llamó la atención sobre eso, la empresa le respondió: “Sorry, viejo, PRODUCE ya me autorizó”. El caso descansa hace años en el Tribunal Constitucional.
Tía María
En julio del 2009, la empresa Southern Copper tenía como objetivo poner en marcha el proyecto minero "Tía María" en el territorio de Islay, en el departamento de Arequipa. Este proyecto podría haber tenido efectos negativos, porque ponía en riesgo el medio natural agrario de los agricultores y campesinos. Los pobladores no estaban de acuerdo con esto, y así lo manifestaron en la consulta vecinal que se efectuó en septiembre de ese año.
El Estado dejó de lado los resultados de la consulta vecinal. La población de Islay reaccionó mediante movilizaciones, lo que obligó al presidente regional, Juan Manuel Guillén, a firmar un acta en febrero del 2010, por la que se acordaba respetar el resultado de la consulta popular y, además, que se debía paralizar la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental presentado por Southern Perú, hecho que fue desconocido por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern, quienes convocaron a una audiencia pública. En abril del 2010 los pobladores se van a la huelga y un año después estalla una protesta que deja como saldo tres muertos y cincuenta heridos. Ante esto, el gobierno central decide cancelar el proyecto y manda retirar a la empresa del territorio.
Cada Gobierno Regional tendría que hacer su plan de ordenamiento territorial, y los proyectos en curso deberían hacer un plan de adecuación, tal como sucedió en los años 90 con las empresas que venían años trabajando y no habían hecho un estudio de impacto ambiental. En ese entonces se les pidió un plan de adecuación a las normas internacionales aprobadas. No debería haber ninguna actividad minera que no tuviera relación con el Plan de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Desarrollo Regional. Si se exige desde el saque a la empresa contar con licencia social, y que el proyecto esté comprendido dentro del ordenamiento territorial de la región, no habría posibilidad para que después, al momento de la exploración, como en el Cerro Quilish, o cuando ya se va a empezar la explotación, como en Conga, la población diga: ¿A quién le han preguntado?
“El Ingemmet no debería otorgar un petitorio si no tiene opinión favorable de los gobiernos regionales donde se encuentran los proyectos. El Gobierno Central no quiere de ninguna manera darles a los gobiernos regionales capacidad de decir dónde invertir, y ahí perro pericote y gato caen en el mismo saco, porque Toledo, García y Ollanta están en la misma situación: se han resistido a dar a los gobiernos regionales capacidad de decisión”, plantea Glave.
Otro de los elementos de conflicto en este sistema es que los proyectos son aprobados por el mismo sector al que pertenecen. La misma institución que promueve la inversión en un determinado rublo no puede ser la misma que otorgue el permiso y apruebe su viabilidad. Eso se remonta a la adecuación a las normas internacionales ambientales que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Como todo lo relacionado con este tema, fue hecho a la champa, para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales, y así generó un tremendo problema. Es como poner al gato de despensero.
Es que la relación en el país entre la empresa privada y el Estado adolece de una promiscuidad histórica. Ahí está el famoso carrusel de funcionarios que pasan del Estado a la empresa privada usando al primero para favorecer sus asuntos particulares. Una anécdota sabrosa, pero que evidencia de manera clamorosa esta situación, es la de Hans Flury, quien fue gerente general de la Southern. En calidad de funcionario privado presentó al Estado una ampliación del programa de adecuación ambiental de su empresa. Esta adecuación fue aceptada, sin rubor, por el Estado, y quien firmó esta autorización fue el Ministro de Energía y Minas del gobierno de Toledo. Su nombre era Hans Flury, y no se trata de un homónimo. Él mismito era.
La vecindad
El ejercicio de repensar el sistema de concesiones y explotación minera, que el Perú se ha visto obligado a realizar, es compartido por sus pares regionales. Solo que en algunos casos han tenido la claridad de adelantarse a los conflictos, como ha sucedido en Ecuador, donde se promulgó una ley que liquidaba las concesiones mineras que no hubieran realizado ninguna inversión en sus proyectos y las que se estaban realizando en fuentes de agua. Pero tampoco esa posición los libró de un enfrentamiento con las poblaciones indígenas. Muchas ONG, luego, han cuestionado este proceso, porque nunca se terminó de realizar.
En Bolivia, a pesar del discurso a favor del respeto a la interculturalidad y la pachamama, hace poco les estalló en la cara un conflicto por una carretera en la que el Gobierno se había empeñado. Esta carretera cortaba el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que no fue aceptado por las comunidades. El presidente Evo Morales lo dijo en todos los idiomas: TIPNIS sí va. Y TIPNIS no fue. La resistencia indígena fue mucho más de lo que el Presidente boliviano estaba dispuesto a presionar. Actualmente en Bolivia están esperando por una nueva ley de minas.
Hay otros países, como Costa Rica y Honduras, donde han prohibido la minería de tajo abierto. Han preferido no entrar en discusiones exquisitas y han tomado la decisión política de priorizar otro tipo de inversiones y de ingresos. Algunos bromean diciendo que ser el estado 52 de la Unión le permite a Costa Rica ese tipo de lujos.
En Colombia existía hasta hace poco una ley que prohibía la minería en los páramos, o en cabeceras de cuenca, para que lo entendamos mejor acá (¿les suena parecido a Conga?). Sin embargo, la administración de Uribe revisó esa ley. Se avecinan tiempos ambientalmente complicados en la casa de al lado.
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Realizar cambios en política ambiental no significa necesariamente poner en jaque el modelo económico. Así, tal cual, sin mayores aspavientos pero ajustando la maquinaria con rigurosidad, las cosas pueden ir mejor. Basta con entender dos asuntos que nos recuerda Glave: no siempre pueden ganar todos todo, y el que gana no puede ganar siempre. El problema es que en nuestro país siempre pierden los mismos.
Primicia, chocherita: Han encontrado gas en Machu Picchu. ¿Va o no va?
Recortar para explotar
En el 2007, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un proyecto de ley con la finalidad de cercenar en más de 200 mil hectáreas la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido como "la última selva sin hombres", que posee una alta y única diversidad biológica, protege las cabeceras de las cuencas de varios ríos y forma parte del territorio ancestral del pueblo amazónico originario Esse'eja.
¿El objetivo? Establecer lotes de explotación y exploración hidrocarburífera.
El proyecto de ley sostenía que el recorte convenía "a los intereses del país y al desarrollo nacional", dado que beneficiaría "principalmente a las Regiones Puno y Madre de Dios; y, en general, a todo el sur del Perú". Sobre este punto, el potencial productivo "probado, probable y posible" del yacimiento Candamo fue uno de los principales motivos por los que se planteó la nueva delimitación del Bahuaja.
La propuesta, sin embargo, fue recibida con fuerte rechazo, tanto a nivel nacional como internacional. Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), dicho proyecto era irreconciliable con el mandato constitucional del Estado sobre la conservación de las áreas naturales protegidas, los compromisos internacionales asumidos por el país, así como el protocolo de enmienda al TLC Perú-EE.UU, que comprometió a ambas partes a no debilitar sus legislaciones de protección ambiental.
Desde la puerta de su hogar, Santiago Zavala mira la plaza de su pueblo, sin amor: automóviles, casas semiconstruidas y descoloridas, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había concesionado el Perú?
Javier Iguiñiz
El párrafo anterior es una alegoría de Conversación en La Catedral, la genial novela de Mario Vargas Llosa, pero que representa un mismo estado de ánimo en personajes disímiles, ante un país alejado y ajeno.
Dicen que la mayor virtud puede ser a la vez un terrible defecto. El Perú es un país concesivo; bien por nosotros y sus beneficiarios. No es para menos. La variedad de climas y tierra —biodiversidad, que le llaman—, sumada a la riqueza de mares y subsuelo, convierten a nuestro territorio en un polo de atracción; y, claro, ser egoísta no es la voz. Menos aun cuando el cambio climático jaquea inmisericorde el futuro.
De país concesivo a país concesionado hay más que un juego de palabras. El famoso mapa que desnudaba las cuadrículas en que también está dividido nuestro territorio despertó la indignación en diferentes partes del país. Un número puede valer más que mil imágenes: actualmente casi 60% del territorio está concesionado, y 20% del territorio son concesiones mineras. ¿En qué momento se concesionó el Perú?
El boom de las inversiones entró de a pocos y aprovechando el pánico. Hace 20 años se percibió como algo muy bueno, sin importar las formas. Solo interesaba la inyección líquida y neta. El país no estaba para exquisiteces ambientales.
Acabábamos de salir de la recesión e hiperinflación que nos dejó el gobierno del primer Alan García. El país en bancarrota e inelegible andaba, por ese entonces, divorciado con el destino, pues no era buena plaza ni económica ni turística ni de toros, vaya.
¡Inversiones a mí! fue el grito que enarboló el gobierno de Fujimori acompañado de una serie de reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington. Ahora hasta los más críticos del sistema reconocen que en esos tiempos no había otra alternativa. Recibir o morir era el dilema.
Y el Perú recibió. A partir de 1994 las concesiones se empezaron a otorgar con prisa y sin pausa. Por esos tiempos empezó a trabajar una vieja conocida nuestra: la minera Yanacocha. Su relación con los cajamarquinos data de entonces. Reconstruir 18 años de asperezas y encono es pedir bastante.
Luego de cuatro años el Perú ya se había recuperado económicamente y era un ejemplo para la región, de la manera cómo se debían hacer las reformas económicas. Al menos las de la primera ola, que tenía que ver con estabilidad macroeconómica y liberalización de la economía. Dicen que estas reformas fueron las únicas que hizo con cierta eficacia el gobierno de Fujimori, pues las que tenían que ver con democracia, participación y transparencia, cero balas.
Lo curioso es que antes de la ley minera en la que se promovían las inversiones, el gobierno de Fujimori, presionado por los organismos internacionales, impulsó al poco tiempo de haber ejercido su mandato el primer código ambiental. A los pocos meses este reglamento fue desvestido casi en su integridad a favor de la ley minera. Pero el país ya tenía de qué alardear en los foros de la tierra que en ese tiempo empezaban.
Tambogrande
El gobierno de Fujimori declaró de necesidad pública la inversión minera. La empresa Manhattan Minerals Corp. compró 10 mil hectáreas en Tambogrande.
Las protestas congregaron a cerca de 10 mil tambograndinos. El 2 de junio del 2002 una consulta ciudadana señaló que el 94% de la gente rechazaba el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa presentó estudios ambientales incompletos, en inglés, y con 21 tópicos faltantes.
Se le hizo llegar al presidente Alejandro Toledo un memorial con cientos de firmas para que dicho estudio no sea aprobado, y finalmente, en noviembre del 2003, después de que la población se negó a participar en las audiencias públicas, CentrominPerú señaló que la empresa Manhattan no había cumplido con obligaciones establecidas en el contrato.
Cosa más fácil de la vida
Actualmente, obtener la concesión de una parte del territorio peruano es la cosa más sencilla del mundo. Te acercas a Ingemmet, te enseñan un mapa, eliges la cuadrícula que más te apetezca, el funcionario lo contrasta con un ralo catastro no minero (que no choque con ninguna ruina o algún Parque Nacional, nada más), pagas un precio módico, y listo: ya tienes tu flamante pedazo de tierra para poder explorarla.
La indignación de nuestro prestado Zavalita se explica por la manera acelerada y sin tapujos en que se ha llevado adelante el proceso de concesiones. La mayoría de los pobladores de los lugares afectados no tenían ni la menor idea de que la mayor parte del suelo que habitaban estaba siendo concesionada.
Hay regiones, como Apurímac o Cajamarca, que han pasado de tener 25% ó 30% de su superficie a mediados de 1990 a 90% ó 95% de su superficie en petitorios mineros. Si comparamos con las cifras del 2010, hay un incremento significativo en varias regiones. En Puno, 53,8%; en Tacna, el 41%; en zonas como Madre de Dios, llama la atención el 33% a pesar del decreto de urgencia por el que supuestamente se ordenaba el otorgamiento de concesiones.
Según la geóloga Silvia Passuni, de Cooperacción, comparar la escala de concesiones sirve para tener una proyección de los conflictos a futuro: “Si tú mirabas el otorgamiento de concesiones a nivel regional hace cinco años, Cajamarca lo lideraba, y ahora es ahí donde se focalizan los conflictos. Ahora lo lidera Arequipa, lo que podría indicar lo que puede suceder dentro de algunos años”.
A la poca transparencia (ya que esta información no es de domino público) hay que agregarle una lamentable desinformación, pues la palabra “concesión” muchas veces se malinterpreta. En realidad, poseer la concesión de un territorio significa solo tener un petitorio para poder examinar las potencialidades del subsuelo. En la teoría, de ahí a comenzar una exploración y después la explotación de los recursos, hay mucho trecho.
Sin embargo, la palabrita y todo el proceso se prestan para malas interpretaciones, y no de manera gratuita. ¿Quién le explica al poblador que una concesión solamente es un petitorio? Es que quien tiene que ver con eso —o sea, el Estado— está ausente, y la empresa tiene vía libre después de haber pagado el peaje de la petición.
“El otorgamiento de concesiones es un procedimiento administrativo que se basa mucho en especulaciones. No necesariamente implica que se va a desarrollar actividad minera y genera suspicacias. Antes de que se inicie la exploración ya empieza generar transformación en el territorio, porque en la práctica sí compite con el derecho de propiedad, pues se le da todo un derecho a un titular que puede usarlo bien para especular bien para presionar al campesino para que le venda sus tierras”, advierte Silvia Passuni.
Ante la inminencia de la concesión, los pobladores pueden rebelarse o empezar a negociar con la empresa, pero estas negociaciones se dan en condiciones desiguales, ya que una parte cuenta con toda la información y la otra ha sido expresamente desinformada. Cuando caen en la cuenta, ya es demasiado tarde, pues los trámites han seguido, impertérritos, su curso.
Procesos privatizados
Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Nos quedamos en que el proceso de concesiones se inicia cuando una empresa va a Ingemmet y hace su petitorio. Luego de esta etapa viene la de exploración, y si todo está tranqui continúa la explotación y, posteriormente, el cierre.
Cada una de estas etapas tiene algunos requisitos. Antes de iniciar una exploración la empresa debe presentar una declaración de impacto ambiental (DIA). Esto sucede cuando el yacimiento es pequeño. Cuando es extenso, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.
Una vez que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado ese estudio y la empresa ha realizado la exploración, se debe presentar un estudio de factibilidad. Ésta es una parte crucial en este proceso. Casi-casi es el punto de inflexión para el Estado. Dicho estudio implica cuán viable y rentable es el proyecto.
A medio camino entre la exploración y la explotación se deben hacer tres talleres participativos y una asamblea. Luego de ello viene el tan discutido Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estilo delivery que se ha impuesto ha desatado cuestionamientos y conflictos.
“La calidad de los primeros EIA era lamentable. Eso de pegar y copiar partes era cosa común para una empresa consultora. Por ejemplo, yo he leído un EIA aprobado referido al viejo lote 77 en Madre de Dios que habla del río Napo: es evidente que lo habían traspuesto”, relata el especialista Manuel Glave, de GRADE.
Es difícil saber cuánto han abusado las empresas en sus EIA. Pero el hecho de tener la potestad de mandar a hacer la investigación a tu consultora favorita se presta para muy malas interpretaciones. El problema real, más allá de los estudios fuleros, es la privatización del proceso de otorgamiento de concesiones. El Estado espera de brazos cruzados que la empresa se encargue de todo, y ésta lo hace a lo Frank Sinatra: a su manera (y medida). Los EIA son encargados y pagados por la propia empresa interesada en la explotación del yacimiento. Lo mismo ocurre con los talleres consultivos, las asambleas y la licencia social. No es que en algún momento el Estado haya abdicado de sus funciones, sino que desde el inicio se eximió de esa responsabilidad.
Algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial.
A cocachos aprendí
Como en la década de los 90 existía una compulsión por acaparar inversiones, no se hizo ningún cambio en la legislación hasta el decenio siguiente. Pero ninguno de los agregados posteriores se hicieron motu proprio, sino más bien a raíz de conflictos sociales que costaron vidas y cuantiosas pérdidas económicas. Un error repetido a la enésima.
“El Estado hace cambios a regañadientes. Sucesos como el de Tambogrande traen consigo modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un lugar común que los conflictos terminan transformando instituciones del Estado. Es que el Estado persigue no ponerle traba a la inversión, y, por lo tanto, si modifica el sistema para que sea más estricto y transparente, para el empresariado es una traba”, sostiene Glave.
Los conflictos de Tambogrande y Tambopata le demostraron al Estado que un simple petitorio no puede ser patente de corso para iniciar el proceso de exploración; por eso luego de aquellos sucesos se implementaron las herramientas de talleres participativos y asambleas. De igual manera, el revés en Cerro Quilish demostró que los procesos de exploración debían contar con una licencia social. Ahora, en la minería post-Conga, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo esquema de “minería responsable”, aunque aún no se sabe bien cómo se come eso.
Si el Estado hubiese tomado en serio el proceso de la segunda ola de reformas y no hubiera hecho los cambios solo para llenar una plantilla de requerimientos internacionales, se habrían podido evitar estos conflictos.
Pozos tomados
Las aguas del río Cachiyacu, fuente de vida de los Shipibos-Konibo durante siglos, son ahora el origen de sus males. Según los líderes de la comunidad Canaán de Cachiyacu, la empresa Maple Gas Corp., afiliada al británico Maple Group, ha contaminado sus suelos y aguas, con lo que generado importantes daños ambientales, problemas de salud en la población (dolores estomacales y de cabeza, problemas de piel, neumonía, diarrea, tumores, etcétera) y un aumento de fallecimientos anormales. Los trabajadores de la petrolera serían también responsables de abusos sexuales perpetrados contra mujeres nativas.
La veracidad de las denuncias fue comprobada, en junio del 2005, por representantes de la ONG Earth Rights: "A pocos metros del pozo MA31, una ruptura de la línea de flujo provoca un pequeño pero permanente derrame de crudo […] se puede observar reflejos arco-iris y espuma de color beige".
El 8 de julio del 2005, frente a la inacción y a la indiferencia, tanto de parte la empresa como del Estado, los nativos alzaron su voz de protesta. Tomando de sorpresa a los obreros, quienes se encontraban almorzando, aproximadamente 80 shipibos ingresaron a las instalaciones de Maple en la base Maquía y cerraron las válvulas de 9 pozos ubicados en del lote 31-B (que cuenta un campamento minero, una estación de separación del crudo, un terminal petrolero fluvial y 26 pozos, de los cuales 9 se encuentran dentro del territorio Shipibo, y son conectados a la base de Maquía por tubos y caminos).
El Perú avanza de Ollanta
El panorama actual del proceso de concesiones no ha cambiado mucho desde que se empezó a implementar, hace casi 20 años. En todo este tiempo, si bien hubo cuestionamientos crecientes, no habían existido promesas de cambio que generaran expectativas. Y sí que el candidato Ollanta Humala las generó. A veces con un discurso irresponsable que en ningún momento llegó a plasmar en ninguno de sus planes de gobierno.
Contra lo que muchos creen ahora, Humala no asumió el programa ambientalista, y esto lo saben bien los mismos activistas ecológicos. Su propuesta de gobierno se basó sobre todo en las reivindicaciones de la izquierda clásica: que las grandes empresas mineras aporten más rentas al Estado. El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de sus banderas de primera vuelta. Quizá ya en esos momentos pensaba que mediante este impuesto podían financiar programas sociales. O quizá en esos tiempos ni pensaba que podía llegar al gobierno. Quién sabe.
Si bien Ollanta Humala no prometió grandes reformas en los estudios ambientales, ni habló de manera profusa de reformar el Ministerio del Ambiente (aunque en una encuesta realizada por esta revista afirmó que el Ministerio del Ambiente debía reforzarse), sí puso énfasis en que el país abandone el modelo primario-exportador y que dejemos de depender de la minería. “Lo justo, pe’ varón”, fue su programa; jamás el “Mina No”. Sin embargo, en sus incursiones a provincias, donde se veía obligado a tocar problemas concretos, hizo alianza con los grupos ambientalistas y las comunidades que tenían conflictos con las mineras.
Por ello se recuerda tanto cuando agitaba el dilema “agua u oro” en Cajamarca. Ahora los mismos pobladores con quienes al unísono agitaron que el agua vale más que el oro, lo ven en cadena por televisión peruana y no entienden nada: solemne, fruncido y enternado, lo escuchan decir que el agua y el oro son compatibles. Y claro que Conga va (iba) de todas mangas.
¿Moratoria now?
Las ganas de pisar el freno a las concesiones, si alguna vez las tuvo, se le quitaron seguramente después de ver el cuadro de crecimiento. Es sostenido desde hace 10 años y en los últimos 4 se ha desbordado. El click concesiones-inversiones-más ingresos para el Estado puede ser automático, pero también una ilusión óptica, pues, como hemos visto, una vez asignada la concesión pueden pasar muchos años para que se traduzca en dinero.
Por el contrario, está probado que una mayor asignación de concesiones acelera y multiplica los conflictos sociales. Es decir, en una nueva concesión minera el conflicto llega más rápido que el dinero contante y sonante de la inversión.
Pero tampoco un mayor número de concesiones debería traducirse, sí o sí, en fuentes de conflicto. Es el sistema de otorgamiento y fiscalización de los proyectos mineros el que hace que eso sea así.
Por eso algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial. Eso significa suspender todo tipo de petitorio hasta que exista un ordenamiento territorial, oleado y sacramentado. “Debe evaluarse la posibilidad de hacer moratoria de concesiones hasta que se tenga un ordenamiento del territorio. El catastro no minero debería ser revisado por las regiones e incorporar otros criterios”, plantea Silvi Passuni.
El principal argumento contra la moratoria es la eventual pérdida económica para el país. Pero ése es un error, ya que si se comienzan a explotar todas las concesiones que actualmente se tienen bastarían y sobrarían los recursos por lo menos de aquí a 15 años. Por el contrario, con la moratoria se eliminaría una inagotable fuente de conflictos, se daría un mensaje político de que existe voluntad para hacer las cosas de manera distinta, lo cual daría un respiro para evaluar mejor el sistema.
Sin embargo, la moratoria no tendría ningún sentido si no va acompañada de otras reformas que se convierten en inevitables si se quiere evitar futuros conflictos. Una de ellas es que el mismo petitorio debería contar con una licencia social que haga viable el proyecto.
Aun así, estas medidas deben pasar por otorgarle mayor poder de decisión a las regiones. Una alternativa que por el momento está muy lejos del discurso presidencial, cada vez más centralista y confrontacional. Para Glave es muy importante que los gobiernos regionales metan su cuchara en este asunto, para que se reconozca desde el Ejecutivo la legitimidad de esa cuchara. No vaya a pasar lo que ocurrió con una empresa de harina de pescado en Arequipa, que empezó a hacer su fábrica en unos humedales. Cuando el Gobierno Regional les llamó la atención sobre eso, la empresa le respondió: “Sorry, viejo, PRODUCE ya me autorizó”. El caso descansa hace años en el Tribunal Constitucional.
Tía María
En julio del 2009, la empresa Southern Copper tenía como objetivo poner en marcha el proyecto minero "Tía María" en el territorio de Islay, en el departamento de Arequipa. Este proyecto podría haber tenido efectos negativos, porque ponía en riesgo el medio natural agrario de los agricultores y campesinos. Los pobladores no estaban de acuerdo con esto, y así lo manifestaron en la consulta vecinal que se efectuó en septiembre de ese año.
El Estado dejó de lado los resultados de la consulta vecinal. La población de Islay reaccionó mediante movilizaciones, lo que obligó al presidente regional, Juan Manuel Guillén, a firmar un acta en febrero del 2010, por la que se acordaba respetar el resultado de la consulta popular y, además, que se debía paralizar la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental presentado por Southern Perú, hecho que fue desconocido por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern, quienes convocaron a una audiencia pública. En abril del 2010 los pobladores se van a la huelga y un año después estalla una protesta que deja como saldo tres muertos y cincuenta heridos. Ante esto, el gobierno central decide cancelar el proyecto y manda retirar a la empresa del territorio.
Cada Gobierno Regional tendría que hacer su plan de ordenamiento territorial, y los proyectos en curso deberían hacer un plan de adecuación, tal como sucedió en los años 90 con las empresas que venían años trabajando y no habían hecho un estudio de impacto ambiental. En ese entonces se les pidió un plan de adecuación a las normas internacionales aprobadas. No debería haber ninguna actividad minera que no tuviera relación con el Plan de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Desarrollo Regional. Si se exige desde el saque a la empresa contar con licencia social, y que el proyecto esté comprendido dentro del ordenamiento territorial de la región, no habría posibilidad para que después, al momento de la exploración, como en el Cerro Quilish, o cuando ya se va a empezar la explotación, como en Conga, la población diga: ¿A quién le han preguntado?
“El Ingemmet no debería otorgar un petitorio si no tiene opinión favorable de los gobiernos regionales donde se encuentran los proyectos. El Gobierno Central no quiere de ninguna manera darles a los gobiernos regionales capacidad de decir dónde invertir, y ahí perro pericote y gato caen en el mismo saco, porque Toledo, García y Ollanta están en la misma situación: se han resistido a dar a los gobiernos regionales capacidad de decisión”, plantea Glave.
Otro de los elementos de conflicto en este sistema es que los proyectos son aprobados por el mismo sector al que pertenecen. La misma institución que promueve la inversión en un determinado rublo no puede ser la misma que otorgue el permiso y apruebe su viabilidad. Eso se remonta a la adecuación a las normas internacionales ambientales que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Como todo lo relacionado con este tema, fue hecho a la champa, para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales, y así generó un tremendo problema. Es como poner al gato de despensero.
Es que la relación en el país entre la empresa privada y el Estado adolece de una promiscuidad histórica. Ahí está el famoso carrusel de funcionarios que pasan del Estado a la empresa privada usando al primero para favorecer sus asuntos particulares. Una anécdota sabrosa, pero que evidencia de manera clamorosa esta situación, es la de Hans Flury, quien fue gerente general de la Southern. En calidad de funcionario privado presentó al Estado una ampliación del programa de adecuación ambiental de su empresa. Esta adecuación fue aceptada, sin rubor, por el Estado, y quien firmó esta autorización fue el Ministro de Energía y Minas del gobierno de Toledo. Su nombre era Hans Flury, y no se trata de un homónimo. Él mismito era.
La vecindad
El ejercicio de repensar el sistema de concesiones y explotación minera, que el Perú se ha visto obligado a realizar, es compartido por sus pares regionales. Solo que en algunos casos han tenido la claridad de adelantarse a los conflictos, como ha sucedido en Ecuador, donde se promulgó una ley que liquidaba las concesiones mineras que no hubieran realizado ninguna inversión en sus proyectos y las que se estaban realizando en fuentes de agua. Pero tampoco esa posición los libró de un enfrentamiento con las poblaciones indígenas. Muchas ONG, luego, han cuestionado este proceso, porque nunca se terminó de realizar.
En Bolivia, a pesar del discurso a favor del respeto a la interculturalidad y la pachamama, hace poco les estalló en la cara un conflicto por una carretera en la que el Gobierno se había empeñado. Esta carretera cortaba el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que no fue aceptado por las comunidades. El presidente Evo Morales lo dijo en todos los idiomas: TIPNIS sí va. Y TIPNIS no fue. La resistencia indígena fue mucho más de lo que el Presidente boliviano estaba dispuesto a presionar. Actualmente en Bolivia están esperando por una nueva ley de minas.
Hay otros países, como Costa Rica y Honduras, donde han prohibido la minería de tajo abierto. Han preferido no entrar en discusiones exquisitas y han tomado la decisión política de priorizar otro tipo de inversiones y de ingresos. Algunos bromean diciendo que ser el estado 52 de la Unión le permite a Costa Rica ese tipo de lujos.
En Colombia existía hasta hace poco una ley que prohibía la minería en los páramos, o en cabeceras de cuenca, para que lo entendamos mejor acá (¿les suena parecido a Conga?). Sin embargo, la administración de Uribe revisó esa ley. Se avecinan tiempos ambientalmente complicados en la casa de al lado.
- 0 –
Realizar cambios en política ambiental no significa necesariamente poner en jaque el modelo económico. Así, tal cual, sin mayores aspavientos pero ajustando la maquinaria con rigurosidad, las cosas pueden ir mejor. Basta con entender dos asuntos que nos recuerda Glave: no siempre pueden ganar todos todo, y el que gana no puede ganar siempre. El problema es que en nuestro país siempre pierden los mismos.
Primicia, chocherita: Han encontrado gas en Machu Picchu. ¿Va o no va?
Recortar para explotar
En el 2007, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un proyecto de ley con la finalidad de cercenar en más de 200 mil hectáreas la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido como "la última selva sin hombres", que posee una alta y única diversidad biológica, protege las cabeceras de las cuencas de varios ríos y forma parte del territorio ancestral del pueblo amazónico originario Esse'eja.
¿El objetivo? Establecer lotes de explotación y exploración hidrocarburífera.
El proyecto de ley sostenía que el recorte convenía "a los intereses del país y al desarrollo nacional", dado que beneficiaría "principalmente a las Regiones Puno y Madre de Dios; y, en general, a todo el sur del Perú". Sobre este punto, el potencial productivo "probado, probable y posible" del yacimiento Candamo fue uno de los principales motivos por los que se planteó la nueva delimitación del Bahuaja.
La propuesta, sin embargo, fue recibida con fuerte rechazo, tanto a nivel nacional como internacional. Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), dicho proyecto era irreconciliable con el mandato constitucional del Estado sobre la conservación de las áreas naturales protegidas, los compromisos internacionales asumidos por el país, así como el protocolo de enmienda al TLC Perú-EE.UU, que comprometió a ambas partes a no debilitar sus legislaciones de protección ambiental.
sábado, 4 de febrero de 2012
El Informe final de la Comisión de la Verdad: una polémica de nunca acabar
http://agoraabierta.blogspot.com/2012/02/el-informe-final-de-la-comision-de-la.html
Rafael
El caso Movadef ha vuelto a poner en el centro del debate político las bondades y supuestas inexactitudes del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Defensores y detractores de este trabajo se han embarcado, una vez más, en una polémica, creo yo más política que científica, en torno a la verosimilitud de los datos expuestos en este informe y al sesgo ideológico que llevaban consigo quienes fueron parte de este grupo de trabajo en calidad de comisionados.
Rafael
El caso Movadef ha vuelto a poner en el centro del debate político las bondades y supuestas inexactitudes del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Defensores y detractores de este trabajo se han embarcado, una vez más, en una polémica, creo yo más política que científica, en torno a la verosimilitud de los datos expuestos en este informe y al sesgo ideológico que llevaban consigo quienes fueron parte de este grupo de trabajo en calidad de comisionados.
La derecha y los sectores más conservadores del país no han perdido oportunidad para culpar a este informe de haber contribuido con el resurgimiento de movimientos pro-terroristas, debido a la indulgencia con la que estos criminales fueron tratados en la redacción del mismo. Para la derecha, las fuerzas armadas, y otros sectores que preferirían olvidar lo pasado sin hacer un análisis crítico e histórico de lo ocurrido durante los años de violencia política desatada por la barbarie terrorista, el informe tiene un marcado sesgo ideológico que ha distorsionado la verdad histórica de lo ocurrido en el Perú de los ochentas y noventas. El informe coloca en una posición de desventaja a las fuerzas del orden, militares y policías, pues las responsabiliza de una serie de delitos contra los derechos humanos, sin tener en cuenta el momento y las circunstancias en las cuales la acción del Estado se llevó a cabo, afirman altos mandos castrenses con el respaldo de este sector político.
Del otro lado, la izquierda, esa izquierda peruana que durante los primeros años de violencia terrorista no supo deslindar tajantemente con los grupos subversivos, condenando su accionar criminal y el uso de la fuerza y el terror como medio para alcanzar el poder, se esfuerza en elevar a la categoría de verdad indiscutible y obra humana perfecta todas y cada una de las reflexiones expuestas en el informe. Que la izquierda tenga esta posición asumida es perfectamente válido, lo que no resulta justificable, es que desde este sector se tilde de reaccionario o cómplice de la barbarie a cuanto peruano se atreve a discrepar de la opinión vertida por los comisionados en este informe.
La izquierda no ha reparado en algo que es elemental, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido y es susceptible de diversas críticas, la mayoría de ellas injustas y carentes de justificación lógica, debido a la poca difusión que este ha tenido entre los peruanos. No debe extrañarnos entonces, que la ciudadanía, sobre todos los jóvenes, que no han tenido oportunidad de acercarse al contenido del mismo, se deje seducir por la interpretación interesada y de parte que los sectores contrapuestos han hecho del mismo. En ese sentido, creo que la izquierda, antes de arremeter contra aquellos que tienen una voz contraria a la suya, debería concentrarse en difundir a escala nacional los más importantes datos, testimonios, e información recogida durante el trabajo de la comisión, con la única finalidad de poner en manos de las gran mayoría de peruanos este documento, que en lo personal, tiene un valor histórico inapreciable.
En buena cuenta, creo que lo peor que nos podría pasar como sociedad, más allá de la posición política e ideológica que cada uno presente, es echar por tierra todo lo avanzado en este tema, borrar de nuestra memoria el horror de lo vivido, sepultar en el olvido a los miles de muertos que la violencia terrorista generó, así como aquellos que fueron víctimas del accionar de los agentes del Estado, los mismos que en muchos lugares de nuestro país incurrieron en prácticas sistemáticas de violación de los derechos humanos. Los peruanos debemos ser capaces de reconocer y señalar a Sendero Luminoso como el principal responsable de los más de 69 mil peruanos muertos durante esta época de oprobio, debemos ser capaces de distinguir y reconocer a los efectivos militares y policías valerosos que pusieron el pecho en defensa de la sociedad y del orden democrático, de aquellos que portando un fusil y vestidos de uniforme incurrieron en actos tan deleznables como los cometidos por los grupos subversivos.
Decir que en nuestro país durante los años violencia política no se cometió ningún crimen contra los derechos humanos, decir que la lucha antiterrorista no supuso, en muchas localidades de nuestra nación, sobre todo en las más alejadas y desprotegidas, la comisión de delitos como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, la violación, no sólo es una mentira, sino una muestra de indolencia con quienes fueron víctimas de estos vejámenes. El futuro se construye mirando hacia adelante, pero la vida se entiende mirando hacia atrás, pues sólo recordando el horror de lo vivido y los errores cometidos, es que podremos dejar atrás ese pasado que hasta el día de hoy parece perseguirnos. Sólo reconstruyendo nuestro pasado podremos construir un mejor mañana, lejos del odio y la violencia que desangró a nuestro país durante más de una década. Sirva entonces este espacio para difundir algunos datos expuestos en este informe que en lo personal me parece deberían ser de difusión nacional, sobre todo entre los más jóvenes, entre nuestros estudiantes.
La CVR fue instituida en un momento en el cual en el Perú se hacían enormes esfuerzos por recobrar la democracia. El Gobierno de Transición del ex Presidente Valentín Paniagua, decidió convocar a un conjunto de hombres y mujeres encargándoles la titánica tarea de investigar y hacer pública la verdad de lo ocurrido durante los años de violencia política iniciados por Sendero Luminoso en la década del ochenta. Podemos decir entonces, que el esfuerzo por instaurar una CVR se dio dentro de un marco de medidas adoptadas por el nuevo gobierno con la finalidad de devolverle al pueblo peruano la democracia años antes perdida. Es importante, en todo caso dejar en claro, que esa democracia no se perdió por arte de magia, que dicha pérdida no fue producto del azar, o fruto de los designios inmodificables de la historia, esa fue una democracia a la cual abandonamos y dejamos languidecer poco a poco, minuto a minuto todos y cada uno de los peruanos, ya que cuando una democracia no se ejerce de manera cotidiana, con vehemencia y convicción, ésta pierde lealtad entre los ciudadanos y cae frente al más mínimo soplido autoritario.
La CVR señaló en su Informe Final que la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas de horror supera los 69 mil a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes del Estado. Sin lugar a dudas, tan estremecedora cifra nos habla de un escenario en el cual es imposible hablar ya de errores o excesos cometidos por los actores del conflicto, nos habla también de un conflicto que no pudo ser desconocido por autoridad política o ciudadano alguno, nos revela y cuestiona lo más profundo del corazón del Perú, en palabras de su presidente, Salomón Lerner Febres, este informe expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron.
Pero la importancia del Informe Final de la CVR va más allá del dato exacto en torno al número de víctimas caídas durante el conflicto, el Informe Final da cuenta de una sociedad profundamente escindida, partida por la mitad, una sociedad que discrimina, invisibiliza y olvida a los más pobres y desposeídos. Así, el comportamiento de los actores del conflicto demuestra una falta de identificación humana con el prójimo que resulta escalofriante, una falta de identificación con los otros peruanos a los cuales no se les considera como iguales, a los cuales se los estigmatiza por su origen racial, étnico o por su lengua materna, actitud que explica, en cierto modo, la cifra de víctimas, y la manera brutal como miles de peruanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos. Esta es, creo yo, la conclusión más importante a la cual arribó la CVR en su Informe Final, esta es la conclusión que el informe justifica con una serie de datos que detallaremos brevemente.
De cada cuatro víctimas de la violencia, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata pues de un sector de la población históricamente olvidado por el Estado peruano, un sector al cual los servicios básicos de educación, salud, justicia, año tras año y gobierno tras gobierno, le han sido negados, se trata de un sector de nuestra población que no es únicamente víctima del olvido de la autoridad estatal o de la clase dirigente sino víctima de la indiferencia y la desidia del resto de la población urbana que sí goza de aquellos beneficios que al sector campesino aún le son esquivos. Sin lugar a dudas, el informe nos habla de un sector del Perú que clama ser incluido y exige ser parte de un país que parecen sólo conocer aquellas personas que viven en las capitales de departamentos o en ciudades donde la presencia del Estado es mayor.
Por otro lado, fueron las zonas, rurales y campesinas, donde se concentró el mayor número de víctimas, no sólo a escala nacional, sino dentro de los mismos departamentos. Así por ejemplo, Ayacucho es el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Lo mismo ocurre con los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, en estos departamentos la CVR ha registrado cerca del 85 % de las víctimas que le fueron reportadas. Podemos afirmar entonces, que a la luz de los resultados obtenidos por la CVR, existe una relación directa entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es coincidencia que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean considerados en la lista de los cinco departamentos más pobres del Perú.
La CVR llega también a la conclusión de que la violencia no afectó a hombres y mujeres por igual ni estuvo distribuida uniformemente entre todos los grupos. Fueron los hombres entre 20 y 49 años los que engrosaron la lista de víctimas fatales (más del 55%), mientras que las mujeres suman poco menos del 20%, respectivamente.
La CVR también revela que en el caso de las mujeres y niños ellos aparecen como las víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos. Así, conforme aumentaba el tamaño del grupo de asesinados en un mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y niños menores de 15 años.
Estos son sólo algunos de los datos más saltantes que el informe arroja y que al parecer el grueso de la sociedad peruana parece haber olvidado. Han transcurrido cerca de 9 años desde la entrega del Informe Final de la CVR, y el Estado, los partidos políticos, la clase política parecen no haber hecho una revisión exhaustiva del mismo, una evaluación que les permita entender la complejidad y magnitud del conflicto, revisión que posibilite una real y cabal adopción de una política de reparaciones individuales y colectivas que en alguna medida ayuden a cerrar las heridas aún abiertas en los corazones de miles de peruanos víctimas directas o indirectas de esta barbarie fratricida.
Queda claro que la búsqueda y conocimiento de la verdad abre el camino hacia la reconciliación nacional, pero ella no será posible sino va acompañada de una clara y decidida voluntad política del Estado y de la sociedad por corregir aquello que, so pretexto de una transformación social a gran escala, fue utilizado por los movimientos subversivos para desatar su insana conducta. Son muchas las reformas e iniciativas que el Estado debe emprender para convertir al Perú en un país mucho más inclusivo, democrático y justo, muchas de esas reformas están contempladas en las recomendaciones hechas por la CVR, la pregunta es: ¿Cuántas de ellas han sido tomadas en cuenta por los gobiernos de turno?
Hoy en día, esta pregunta: ¿Cuántas recomendaciones han sido implementadas por los gobiernos? Cobra mayor vigencia. Ello es así, pues en los últimos comicios generales, fue el actual Presidente de la República, Ollanta Humala, el único candidato que respaldó, junto a su agrupación política, la totalidad de las conclusiones y recomendaciones planteadas en el Informe Final de la CVR. Yo me comprometo, señaló el entonces candidato, a implementar una política de reparaciones que materialice las recomendaciones del informe. Por eso, nos ha sorprendido a todos los que tenemos memoria, las declaraciones vertidas hace algunos días por el actual Primer Ministro, Óscar Valdez, cuando al referirse a los testimonios vertidos por las víctimas en las audiencias públicas organizadas por la CVR, señaló que en ellas había una dosis exagerada de “teatralización”.
Cuánta indignación ha generado esta alocución entre las víctimas del horror, y entre los que no lo somos, de cuánta desidia e indolencia puede ser capaz el ser humano, cuánta hipocresía revela esta frase, cuánta falta de memoria y conocimiento histórico revela en la persona del Primer Ministro esta intervención pública. Seguramente, y eso no debe sorprender, esta frase recibirá el apoyo y respaldo de quienes creen que las víctimas, los asesinados, torturados y desaparecidos no son sino el costo humano que toda lucha contra el terror genera. Seguramente, y ahora con el apoyo del Primer Ministro, saldrán a los medios los verdaderos cómplices de la impunidad a decir con el mayor desparpajo que en el Perú no se vulneraron los derechos humanos, que lo que ocurrió en el país fueron simples excesos de algunos militares, y que lo mejor para el país es enterrar el pasado junto a los más de 60 mil muertos, para evitar que las heridas abiertas por la violencia terrorista de Sendero Luminoso y avivadas por la respuesta criminal de algunos agentes del Estado sigan supurando.
Tenemos una vez más la oportunidad de volver tras nuestros pasos para poner en discusión los temas abordados en este documento histórico, tenemos la posibilidad de reencontrarnos con nuestra memoria colectiva, de recordar a aquellos que estuvieron y que hoy ya no están, pero sobre todo, tenemos, seguimos teniendo la oportunidad de volver a mirar como sociedad el rostro de un Perú aún adolescente, que lucha por alcanzar el desarrollo y el progreso y que olvida, muchas veces, en ese duro camino, al sin número de ciudadanos que aún reclaman justicia.
Tener presente aquello que como sociedad nos tocó vivir durante dos décadas, incorporarlo en nuestra memoria histórica para evitar que se vuelvan a repetir los hechos que enlutaron a la familia peruana, es una obligación moral y ética que todos deberíamos asumir. Porque creer en la defensa de los valores democráticos, en la justicia, en los derechos humanos, no nos convierte en izquierdistas, rojos o caviares. Dejemos de lado toda esa retahíla de estupideces con las que los medios de comunicación desinforman día a día. Creer en los derechos humanos no es sino reconocer la importancia de estas libertades fundamentales que forman parte de nuestra propia naturaleza. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones hechas en el Informe Final, lo que no podemos hacer es mentir y tergiversar lo dicho, difamar y ofender a los comisionados, descalificar a quien no piensa como uno. El compromiso nacional debe ser con la verdad, pues sin verdad no habrá jamás justicia, y sin justicia es imposible caminar hacia la reconciliación.
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